A pesar de que el radicalismo fue uno de los propulsores de la Ley de Movilidad Jubilatoria, todo indicaría que algunos de los diputados de la UCR podrían votar en contra de la movilidad jubilatoria en la sesión que se llevará a cabo mañana en la Cámara Baja.
El objetivo de la sesión especial que se realizará el miércoles 11 de septiembre es obtener los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria e insistir con la legislación sancionada que le otorga un aumento del 8% a los jubilados. Además, la Ley establece la forma de actualización de los haberes de jubilados y pensionados.
Según informó La Nación, los diputados conducidos por Rodrigo de Loredo se encuentran discutiendo qué votar el miércoles. Una parte de los 33 legisladores, junto a la Coalición Cívica y Encuentro Federal intentará que la Ley pase a ser debatida en la Cámara de Senadores contando con el apoyo de diputados de Unión por la Patria, Frente de Izquierda y el Partido Obrero.
Uno de los legisladores que habría expresado su voto negativo debido a que las explicaciones del veto que realizó Javier Milei hicieron que su posición se vuelva a favor del gobierno fue Mariano Campero. Por su parte, la legisladora Soledad Carrizo también mostró su desacuerdo con lo que se debatirá el miércoles con el motivo de “proteger el equilibrio fiscal”, según informó el medio.
Por su parte, los diputados Luis Picat, Roxana Reyes y los legisladores que responden al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo también podrían inclinarse por la negativa ante la postura del Gobierno de Javier Milei.
La Nación indicó que los legisladores de Innovación Federal -del oficialismo de Neuquén, Misiones, Salta y Río Negro- también podrían cambiar su voto y votar en contra de la Ley para “priorizar su buen vínculo con el Gobierno”. Un referente del bloque indicó, en diálogo con el medio, que están “a la espera de lo que digan nuestros gobernadores".
Respecto al Pro, se cree que esta vez apoyará al Poder Ejecutivo al igual que los integrantes del bloque Independencia que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
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Las declaraciones de Lousteau
El presidente de la UCR, Martín Lousteau, el presidente del Comité Nacional del radicalismo, apuntó contra los radicales que dudaban sobre la postura a tomar frente a la Ley y sostuvo que “la ley de movilidad jubilatoria nació de la mano de la UCR”.
En declaraciones con Radio Splendid, Lousteau resaltó que la Ley "en Diputados tuvo dos tercios y en el Senado también. Si no pasa eso ahora tienen que dar explicaciones de por qué cambian el voto”.
Además, sostuvo: "siempre hay presiones en las votaciones, pero hay que ver si uno se mantiene en lo que cree".
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El Gobierno vetó la reforma de las jubilaciones: los detalles del decreto
Tras la publicación en el Boletín oficial del decreto Decreto 782/2024 se dejó sin efecto la ley de movilidad jubilatoria votada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso.
De esta manera, el mandatario cumplió con la promesa que hizo en junio cuando la iniciativa tuvo media sanción y dejó sin efecto el aumento del 8,1% a las jubilaciones desde abril, las actualizaciones mensuales en base a la inflación, el aumento anual del 50% de la variación de la RIPTE por sobre la variación del IPC del año anterior, entre otros puntos que mejoran la situación de los jubilados.
El texto, más cercano a un panfleto que a un instrumento legal y técnico, recordó: "En lo que constituyó un hecho histórico, el 9 de julio de 2024, los gobernadores de 17 provincias de nuestra Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Presidente de la Nación firmaron en la ciudad de Tucumán, el 'Pacto de Mayo', el cual establece como segundo principio el 'equilibrio fiscal innegociable'".
"Cuando se le da la espalda al equilibrio fiscal y al cuidado de las cuentas públicas, los resultados son por demás conocidos y quienes más sufren son los que menos tienen", insistió el decreto.
En cuanto a los ingresos de los jubilados, el documento destacó que "las jubilaciones medidas en dólares estadounidenses han tenido, desde la finalización de la anterior gestión a la actualidad, un aumento de aproximadamente un 70%", sin tener en cuenta la licuación de salarios que ocasionó el aumento del costo de vida medido en dólares.
"Es fundamental continuar con la movilidad jubilatoria establecida en el Decreto N° 274/24, toda vez que el mismo garantiza -por primera vez en décadas- que los jubilados nunca más perderán contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años; y ello sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el corto, mediano o largo plazo", aseguró Milei en el decreto, obviando la pérdida de poder adquisitivo intrínseca a la nueva fórmula, que salteó la inflación de diciembre 2023 (25,5%) y enero 2024 (20,6%).
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La justificación del Gobierno para vetar la ley de jubilaciones
El decreto indicó que la aplicación de la ley "implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente $6.160.000.000.000 para el año 2024", que se elevaría a "$15.430.000.000.000 para el año 2025".
Asimismo, señaló que dichos importes "equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante". Y añadió que las cifras tornarían "imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional".
A su vez remarcó que dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso "dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina" e implicaría "obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos".
