El ajuste contra la clase trabajadora no para. Este viernes, el Gobierno eliminó el “Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social”, que tenía como objetivo ayudar a personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos a organizar la gestión del autoempleo.
La medida va en la línea de disolver fondos fiduciarios y herramientas financieras públicas y se oficializó por medio del decreto 1094/2024, publicado en el Boletín Oficial. Allí, establece la disolución del programa social y de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa, que funcionaba bajo la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. En ese sentido, el Ejecutivo dispuso también la disolución del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
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Así, pasaron a situación de disponibilidad al personal de planta permanente que se desempeñaba en la comisión.
Todo esto se ampara bajo el DNU 70/23 y la Ley Bases. En el primero se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre del 2025. En la segunda también se declaró la emergencia por un año, cuyo artículo 1 establece "la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado”.
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Los motivos de la disolución del Programa de Promoción del Microcrédito
Para justificar una nueva medida en contra de los más débiles, el Gobierno planteó que, “desde 2006 se han pagado expedientes por un total de $3.341.517.790, destinados a la capitalización de las Instituciones de Microcrédito”. “Sin embargo, a septiembre de 2024 se registra una cartera activa de $751.240.653″, aclararon y explicaron que “el monto actual de la cartera refleja una pérdida de los fondos totales entregados históricamente”.
“No ha alcanzado sus objetivos, dado que no se ha implementado un registro formal de las instituciones de microcrédito, ni se han aplicado sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone, lo cual refleja una falta de control y supervisión efectiva en la ejecución del Programa”, evaluaron.
Además, advirtieron que "desde la creación del Programa de Microcréditos no se han realizado evaluaciones formales ni estudios de impacto que permitan medir la efectividad de la política de microcréditos en los emprendedores de la economía social”.
Con respecto a la comisión, el Ejecutivo señaló que “presenta un sobredimensionamiento en relación con las necesidades actuales del Programa, con una estructura y funciones que exceden los requerimientos operativos y de gestión necesarios para el cumplimiento de sus objetivos”.
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“La contribución al desarrollo del Programa de Microcréditos por parte de la mentada Comisión Nacional, en términos de alcance e impacto, no ha sido significante ni proporcional a los recursos dispuestos para su funcionamiento, lo cual denota una ineficiencia económica que justifica su disolución”, mencionaron y sostuvieron: “El otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que debe ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado o público, el cual cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
Para justificar el desamparo del Estado, expresaron que “en la actualidad, diversas instituciones financieras, tanto públicas como privadas, así como organizaciones sin fines de lucro, cuentan con líneas de microcréditos activas destinadas a pequeños emprendedores, lo que indicaría la capacidad del sistema financiero para satisfacer esta demanda”.
Objetivos del Programa de Promoción del Microcrédito
La Ley creadora del Programa sancionada en el 2006 tenía los objetivos de la promoción y regulación del microcrédito para impulsar el desarrollo de las personas, los grupos de escasos recursos y el “fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales”.
En el texto original se permitía un microcrédito destinados a financiar la actividad dentro del marco de la Economía Social, ya sean colectivos o individuales, cuyo monto no exceda una suma equivalente a 12 Salarios Mínimo, Vital y Móvil.
