La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la inhabilitación del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), en teoría sin fines de lucro y que dirige la exministra Patricia Bullrich, por utilizar sus recursos para financiar campañas políticas.
Según informaron desde el organismo, se detectó un mecanismo doble para dicha finalidad. En principio, la entidad recibió, durante el año pasado, 90 millones de pesos por supuestos encuentros o almuerzos presentados como seminarios y donaciones de empresas. Durante el mismo periodo, se descubrieron gastos en relación a pago de pasajes, catering, alquiler de salones y estadías ligadas a actividades políticas. También se detectó el abono de cuatro líneas telefónicas vinculadas al partido Unión por la Libertad, liderado por Bullrich y que forma parte de Pro, espacio que ella misma preside.
Por otro lado, se constataron gastos en consultorías que superarían los 6 millones de pesos, y pagos por un monto cercano a los 9 millones a miembros de la comisión directiva, entre ellos, el Diputado Gerardo Milman. Según publicó Página 12, la IGJ pidió la intervención judicial del IEES, y denunció la posible violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos "evadida a través de un ardid".
En la resolución que firma el Inspector General, Ricardo Nissen explica que “Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata”.
En relación a las ganancias del IEES
Los ingresos por seminarios y almuerzos comienzan a crecer desde mayo de 2021. En 2022, es cuando se convierten en la principal entrada de dinero de la asociación, aunque no hacen ninguna referencia a tales eventos. Las transferencias por la contratación no especifican el origen, o señalan de manera genérica "almuerzo" o "varios". De manera similar ocurre con la facturación, que dice, "seminario", sin especificar fecha, lugar, o la temática de la capacitación, ni el número de asistentes. La ONG también reparte formularios para "aportes/donaciones" con el título "seminario".
En relación a viajes que la líder del Pro realizo a las Provincias de La Pampa y Córdoba, la IGJ proporcionó una larga lista de empresas de ambas provincias y de las ciudades que Bullrich visitó, que pagaron sumas de entre 50.000 y 300.000 pesos.
Otros pagos sobre los que el organismo investigó, que rondarían la suma de 3 millones de pesos, involucran a miembros de la comisión directiva de la Sociedad Rural, a la Cooperativa Empresa Eléctrica Godoy Cruz y empresas como la aseguradora Mercantil Andina SA, El Banco Galicia, Sar Suela SRL, entre otros. Según la IGJ alrededor de 400 personas físicas y jurídicas pagaron por “seminarios”.
En relación a los gastos en campañas electorales
Según la resolución que firma Nissen, durante el año 2022, la asociación pagó pasajes aéreos a Salta, Mendoza, Bahía Blanca e incluye un costoso viaje a Miami, todos ellos relacionados a eventos políticos de Bullrich.
De los informes de la Inspección General, se destacan los pagos de las facturas de Telefónica de Argentina por cuatro líneas fijas que tienen como titular al partido Unión por la Libertad, liderado por la presidenta del Pro.
En los detalles de la IGJ, figura que la asociación pagó desde julio a diciembre del año pasado, 6.063.280 pesos a la consultora IQ4B.
Todas estas prestaciones están "estrechamente vinculadas a actores de la política, o al menos, ajenas a una asociación civil vinculada a la seguridad", según detalla la Inspección General de Justicia.
El contraataque de Bullrich
Después de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), que reveló que Patricia Bullrich utiliza la fundación que lidera para financiar su campaña electoral, la precandidata a presidenta del PRO presentó una denuncia penal contra el titular, Ricardo Nissen.
En la denuncia defiende, entre otras cosas, las donaciones que el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad recibe y apunta principalmente a la filtración de los nombres de personas y entidades que realizaron sus aportes.
