La desaparición de Loan hace once días, caso por el cual hay imputados bajo el delito de trata de personas, puso en evidencia lo que el diputado Eduardo Toniolli describió como un debilitamiento de las políticas contra la trata. El diputado nacional acusó al presidente Javier Milei de “destruir” estas políticas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 195, publicado el pasado 26 de febrero.
El DNU 195 dispuso que el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas pasen a depender del Ministerio de Seguridad, actualmente comandado por Patricia Bullrich. Según Toniolli, “Desde ese momento todas las políticas del área fueron degradadas”.
En tanto, añadió que el Gobierno nacional abandonó las políticas de prevención, dejando de actualizar las redes sociales oficiales y frenando las campañas de difusión, además de cesar la asistencia a víctimas, como la entrega de viviendas y el desmantelamiento de Centros de Derivación y Recepción (CDR’s).
El diputado de Unión por la Patria también señaló que se limitó la persecución de estos delitos, resintiendo la capacidad de inspección del Estado mediante el desmantelamiento de áreas en el Ministerio de Trabajo y la AFIP, incumplimientos de convenios con UATRE, RENATRE y SENASA, y la falta de articulación con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP para cruzar información.
Agregó también que el DNU “cesanteó a 30 trabajadores de la Línea Nacional Anónima y Gratuita 145 – Programa Nacional de Rescate (PNR), que hoy atiende con el 50% del personal necesario para su funcionamiento”, y aseveró que “se cortaron todas las acciones de coordinación con otros niveles y poderes del Estado, y con países limítrofes”.
En esa línea, el diputado de UP destacó la labor que venían haciendo gestiones anteriores y manifestó: “A contramano de lo que venía haciendo la Argentina en la materia, desde el 26 de febrero la elaboración de políticas públicas en materia de trata es abordada desde una perspectiva meramente policial, excluyendo el resto de las dimensiones que la problemática requiere para su abordaje”.
Finalmente, el diputado Eduardo Toniolli remarcó que el 30 de mayo pasado había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo para exigir un plan de acción en relación a la acuciante problemática sobre la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
La palabra del exdirector del Comité de Lucha contra la Trata
El exfuncionario del organismo Gustavo Vera, criticó a los fiscales y consideró que la pesquisa fue mal llevada por la justicia provincial desde un principio --centrándose en que el niño se había extraviado al ir a buscar naranjas, sin poner el acento en la hipótesis de trata-- como consecuencia del desmantelamiento de organismos contra ese delito ocurridas desde que asumió Milei. También apuntó contra el gobierno correntino. “El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata estaba conformado por cinco ministerios y tenía una dirección operativa, con un delegado o delegada por provincia. Cada uno de esos delegados cumplía una función múltiple: por un lado articulaba las mesas interinstitucionales entre los gobiernos provinciales, los organismos del Estado Nacional, y el Poder Judicial, para generar mayor sinergia, trabajo en red y multicontrol, sobre todo de que no haya zonas liberadas”, explicó Vera, presidente de la Fundación La Alameda, con larga trayectoria en la lucha contra la trata, el trabajo esclavo y la explotación infantil.
Había sido designado al frente del Comité durante la gestión de Alberto Fernández y fue apartado del cargo en marzo. “Había 36 mesas interinstitucionales, la más compleja era Corrientes: el gobierno provincial siempre retaceaba la colaboración porque no quería que los organismos del Estado Nacional y el Poder Judicial federal tuvieran esa incumbencia sobre lo que hacían. Una de las funciones que establece la ley y también el decreto que jerarquiza la dirección operativa es elaborar y supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación, tanto de asistencia como los de rescate y de búsqueda”, explicó Vera. “De haber habido un Comité, un delegado presente en la provincia de los Corrientes, el Comité funcionando, hubiéramos actuado de múltiples maneras para que institucionalmente se presionara muy fuerte para que la causa por la desaparición de Loan desde el minuto cero fuera investigada con todo el protocolo federal como caso de trata, teniendo en cuenta lo que implica el alerta Sofía en su integralidad: no solo difundir la foto del pibe, sino además también reemplazar a las fuerzas locales por las federales, la coordinación permanente con otros países cuando se dictase el alerta migratorio, el control del transporte público, el alerta en vialidad para el control en los peajes, múltiples medidas que en general son bastante efectivas para buscar el paradero de personas sospechadas de que podrían haber desaparecido por trata”, detalló. Vera también señaló que desde el punto de vista de la trata laboral, el gobierno de Milei “ha desmantelado las agencias territoriales, se está prácticamente diluyendo lo que es la División contra el trabajo legal de AFIP, se ha suspendido la colaboración con Senasa para identificar a los que podrían ser imputados por el delito de trata laboral y esto está en línea con el DNU y con lo que plantea la Ley Bases de eximición de multas por trabajo no registrado, o sea la naturalización de la esclavitud”.
Sobre la pesquisa de la desaparición de Loan, Vera precisó que el Protocolo de investigación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) establece que hay que trabajar en las primeras horas sin descartar hipótesis. Ni reducir a una sola.
