Este martes, fue detenido el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en el marco por distintas causas que investigan supuestos actos de corrupción en la administración pública. La Cámara de Casación Penal dictó la prisión preventiva y la medida regirá hasta tanto la sentencia que lo condenó por cinco causas de corrupción, quede firme.
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El expediente de la causa fue remitido ahora a la Corte Suprema de la Nación, debido a una medida presentada por su defensa, de recurso extraordinario federal.
El ex mandatario provincial, cuyo gobierno se extendió desde el año 2007 hasta el 2015, fue detenido en la ciudad de Concordia, en donde estaba residiendo. El ex funcionario será conducido a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
A través de un escrito de 74 páginas, la Cámara de Casación, justificó el pedido de prisión preventiva. Esta instancia, revocó un fallo del Tribunal de Juicio que le había impuesto otras medidas restrictivas.
La Justicia entrerriana considera probado que Urribarri usó de forma ilegal fondos públicos para, en algunos casos, financiar sus campañas electorales a través de contratos de imprenta y publicidad, entre otras maniobras.
Los fiscales habían pedido el cumplimiento efectivo de la condena vía prisión preventiva “fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución”.
Para los representantes del ministerio Público “han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.
Casación hizo propios estos argumentos acerca del riesgo de fuga: "Encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”, expresó en su voto la vocal Marcela Davite. A este razonamiento adhirieron las otras dos integrantes del Tribunal, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.
El Tribunal también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión: se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
