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El Colegio de Abogados de CABA sostuvo que es "inconstitucional" que la SIGEN realice auditorias a universidades

Además, aseguró que la medida "agrede al sistema republicano".

Viernes, 15 de noviembre de 2024 a las 18 49

Por Sofía Garcea

Viernes, 15 de noviembre de 2024 a las 18:49

El Colegio Público de Abogados de CABA sostuvo que es "inconstitucional" que la SIGEN realice auditorias a universidades y aseguró que la medida "agrede al sistema republicano".

El dictamen es producto de una solicitud realizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) que, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X -ex Twitter-, expuso la "solicitud de opinión técnico-jurídica" y expresó que el Colegio "emitió un dictamen en el que explicó que el intento de la SIGEN de auditar las universidades nacionales es inconstitucional señalando que ya existen otros órganos encargados de esos controles".

"La SIGEN es un órgano que carece de jerarquía constitucional, ya que depende del presidente de la República, y por lo tanto, solo tiene competencia en el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo la Universidad.

Y continuó: "la autonomía universitaria está consagrada constitucionalmente, y no significa que las Universidades Nacionales están fuera de la órbita del control estatal, sino que lo hacen exclusivamente por medio de los órganos constitucionalmente habilitados".

"La SIGEN no es uno de esos órganos, y su pretensión de auditar las universidades nacionales es un claro atropello a su autonomía", cerró.

La UBA aseguró que con las auditorías el Gobierno quiere "controlar qué se enseña en la universidad" 

A través de un comunicado en redes sociales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó la designación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como organismo auditor de las universidades pública y acusó al Gobierno de querer "controlar qué se enseña en la universidad".

"Sí a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas. Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia", se titula el texto.

El documento expresa que "la UBA es auditada y quiere seguir siéndolo. Por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023".

"Además, ha decidido realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía", indicaron.

También indicaron que "sin autonomía no hay educación libre, y solo se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuándo el gobierno quiere, dónde el gobierno quiere, y a quiénes el gobierno quiere".

 

 

La UBA sobre la SIGEN

Según la casa de estudios, "la SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales"  y agregaron que "depende directamente del Presidente y la Constitución sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo" .

"Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley", expresaron tras citar el el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 que "dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a "las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo".

Además sostuvieron que "la SIGEN no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la ciudadanía" y continuaron: "la SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. En suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos".

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