Finalmente, se confirmó que la SIGEN rechazó ante la Justicia la medida cautelar presentada por la UBA para frenar las auditorías a los fondos públicos que recibe.
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El organismo de control, dependiente de la Presidencia, argumentó que la universidad aún no justificó el uso de la mayor parte de los recursos transferidos en los últimos años.
En concreto, señaló que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos recibidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los asignados en 2022, acumulando una deuda superior a los 5.000 millones de pesos.
Rechazo judicial a la UBA: la SIGEN podrá avanzar con la auditoría
A través de su presentación, la SIGEN destacó que su objetivo no es intervenir en la autonomía de la UBA, sino asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos. "Auditar no es intervenir", indicó el organismo, dejando claro que se trata de una medida orientada a garantizar el adecuado manejo de los fondos públicos.
Este pedido se enmarca en un contexto de polémica sobre la autonomía de las universidades nacionales. La UBA, respaldada por la Ley de Educación Superior, defiende su derecho a la "autonomía económica" y sostiene que la auditoría de sus cuentas debe ser responsabilidad de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo independiente del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la SIGEN recordó que la AGN no realiza auditorías a la UBA desde 2018 y que, por esta razón, su intervención sería importante para esclarecer el destino de los fondos.
En su intervención, el auditor general Miguel Blanco destacó que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional”. Además, subrayó que es necesario que las instituciones rindan cuentas sobre los recursos que reciben del Estado, en beneficio de la transparencia y el control ciudadano.
La UBA aseguró que con las auditorías el Gobierno quiere "controlar qué se enseña en la universidad"
A través de un comunicado en redes sociales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó la designación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como organismo auditor de las universidades pública y acusó al Gobierno de querer "controlar qué se enseña en la universidad".
"Sí a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas. Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia", se titula el texto.
El documento expresa que "la UBA es auditada y quiere seguir siéndolo. Por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023".
"Además, ha decidido realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía", indicaron.
También indicaron que "sin autonomía no hay educación libre, y solo se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuándo el gobierno quiere, dónde el gobierno quiere, y a quiénes el gobierno quiere".
La UBA sobre la SIGEN
Según la casa de estudios, "la SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales" y agregaron que "depende directamente del Presidente y la Constitución sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo" .
"Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley", expresaron tras citar el el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 que "dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a "las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo".
Además sostuvieron que "la SIGEN no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la ciudadanía" y continuaron: "la SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. En suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos".
La UBA sobre la "falta de transparencia" de la que se le acusa
"Detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita, y masiva", explicaron.
Además indicaron que "al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto. Lo que el Ejecutivo quiere "controlar" es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña. Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica".
"Para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, la Universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley", detallaron.
Y aseguraron que acatarán "de manera irrestricta la resolución judicial, ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces, y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos".
