La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció oficialmente que iniciará acciones judiciales para evitar las auditorías impuestas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), argumentando que dicha intervención vulnera la autonomía universitaria.
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La medida fue adoptada por el Consejo Superior de la institución y formalizada mediante una resolución del Rectorado este viernes por la noche.
Según el comunicado, la UBA sostiene que "su autonomía está consagrada en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional y en la Ley de Educación Superior Nº 24.521". La universidad argumenta que esta independencia impide que organismos del Poder Ejecutivo Nacional intervengan en su administración y gestión interna.
Conflicto UBA-SIGEN: La universidad irá a la Justicia por la auditoria
El documento también hace referencia a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que respaldan esta interpretación, señalando que "la autonomía implica el entero dominio de la universidad sobre sus decisiones académicas y financieras".
En esta línea, se subraya que la única entidad con competencia para auditar sus cuentas es la Auditoría General de la Nación, en tanto organismo externo que responde al Congreso de la Nación.
El vicerector de la UBA, Emiliano Yacobitti, resolvió encomendar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el inicio de las acciones judiciales pertinentes, subrayando que "la intervención unilateral de la SIGEN es inconstitucional e ilegal".
Además, la resolución recuerda que la administración de la UBA se rige por un régimen de control interno propio, establecido por resolución del Consejo Superior en 2013, y que desde entonces se ha mantenido sin injerencias externas.
El comunicado aclara que la SIGEN, como organismo del Poder Ejecutivo, no tiene competencia para supervisar ni auditar a las universidades nacionales, ya que estas se encuentran fuera del ámbito de intervención directa del Gobierno Nacional. “El control interno de esta Universidad continuará siendo efectuado por su Auditoría General creada para tal fin, o por el órgano que en el futuro la reemplace”, establece la resolución.
La UBA reforzó su postura mencionando que, en diciembre de 2018, el Consejo Superior rechazó expresamente la intervención de la SIGEN mediante la Resolución 1920/2018. En ella, se reafirmó que cualquier intromisión en sus funciones administrativas constituiría una violación a su autonomía, tal como lo prevé la Ley de Educación Superior.
Finalmente, la universidad destacó que su accionar “se ajusta estrictamente a la Constitución Nacional y las leyes vigentes en la materia”.
De esta forma, el comunicado se cierra remarcando que la UBA está preparada para llevar adelante esta disputa legal con el fin de proteger su autonomía institucional y evitar que sus decisiones académicas y administrativas queden subordinadas a intereses del Gobierno.
La respuesta de Javier Milei
En respuesta al conflicto, el Presidente Javier Milei criticó duramente la decisión de la UBA de recurrir a la Justicia para evitar las auditorías de la SIGEN.
Según el mandatario, esta actitud "revela que las autoridades están sucias" y sugirió que "lo que se oculta es aún peor de lo que imaginamos".