La Auditoría General de la Nación (AGN) definió el plan de auditorías que realizará en 2025, centrado en universidades públicas y empresas del Estado como AYSA y PAMI.
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El programa, presentado por su titular Juan Manuel Olmos durante la XVI Sesión del Colegio de Auditores Generales, fue aprobado por unanimidad y enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, como exige la Ley 24.156.
El documento oficial, disponible para consulta pública, detalla que las instituciones seleccionadas se eligieron mediante un análisis basado en la Matriz de Importancia Relativa (MIR) y en función de la capacidad operativa de la AGN.
La AGN se enfocará en empresas públicas y universidades el próximo año
El plan contempla 296 auditorías, de las cuales 128 son proyectos nuevos, mientras que 168 se arrastran de años anteriores. Los controles abarcarán tanto estados contables (62%) como la gestión gubernamental (38%).
"Algunos organismos son objeto de auditorías permanentes, como la Cuenta de Inversión, debido a normativas vigentes, o acuerdos con entidades públicas y privadas", precisaron.
Asimismo, otras auditorías surgieron por la relevancia social de ciertos programas y políticas públicas, siendo realizados todos los exámenes bajo las Normas de Control Externo Gubernamental
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Dentro de las instituciones auditadas en 2025 figuran la Facultad de Medicina de la UBA y universidades nacionales como las de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan y Tierra del Fuego, entre otras. Las revisiones variarán desde la gestión administrativa y contable hasta procesos de compras y contrataciones.
Además, se auditarán organismos clave como el PAMI, el BCRA respecto a la gestión de reservas de oro, y los ministerios de Defensa y Seguridad por sus políticas de compras. También se supervisará el Plan Estratégico de Desarrollo Minero y la política energética con foco en la empresa CAMMESA.
Finalmente, la AGN controlará la implementación de la Agenda 2030, particularmente en lo relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 sobre igualdad de género, así como las transferencias al sector privado para financiar atención médica.
El programa ya fue remitido a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que tendrá la última palabra sobre su aprobación.
