El Partido Justicialista (PJ), que encabeza Alberto Fernández, reiteró su "enérgico" rechazo a la "persecución judicial" y el "intento de proscripción" de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el día en que el Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer los fundamentos de la sentencia dictada en la denominada causa Vialidad.
"El Partido Justicialista reitera una vez más su más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy comenzó su camino formal con la lectura de los 'fundamentos' en la denominada Causa Vialidad", expresó el PJ a través de un comunicado.
Asimismo, el partido sostuvo que el contenido del fallo "vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional".
Al igual que en instancias anteriores, el PJ reiteró su "solidaridad con la Vicepresidenta, ratifica su inocencia y advierte sobre el serio riesgo para el sistema democrático que implica este nuevo avance de los poderes antipopulares".
En este sentido y teniendo en cuenta la conmemoración este año de 40 años de la recuperación democrática, exigió "la plena vigencia de los derechos políticos de todos los argentinos y argentinas".
"Recordamos que los pueblos siempre han luchado y seguirán luchando en defensa de las y los líderes que se han jugado por ellos", completaron.
Los fundamentos
El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer este jueves los fundamentos en base a los cuales condenó a la Vicepresidenta a seis años de prisión por presunta administración fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término de un juicio en la llamada "Causa Vialidad", en el que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Con este paso procesal, comenzaron a correr los diez días hábiles para las defensas y para la fiscalía en pos de apelar el veredicto ante la Cámara Federal de Casación penal, aunque es un plazo que podría prorrogarse si alguna de las partes lo pide, explicaron fuentes judiciales.
A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron que "lo verdaderamente relevante para esta sentencia, en relación a los hechos materia de juzgamiento, es evidenciar la reacción institucional -de manifiesta connivencia y protección- de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez", según los fundamentos a los que tuvo acceso Télam.
