En la previa de una nueva movilización de jubilados frente al Congreso, el Gobierno nacional confirmó que las fuerzas federales participarán del operativo de seguridad, a pesar de una resolución judicial que intentó frenar su intervención.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue clara: el protocolo antipiquetes se aplicará y las fuerzas seguirán en la calle.
Así lo ratificó en declaraciones radiales, donde apuntó contra el juez porteño Roberto Gallardo, quien había ordenado que la Policía Federal se mantuviera al margen.
El Gobierno ignora el fallo judicial y reprimirá en la protesta de jubilados
Según Bullrich, el magistrado “se excedió en sus funciones” y no tiene competencia sobre fuerzas nacionales. “Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es cuidar los edificios del Estado”, aseguró.
La disputa con Gallardo escaló. El Ministerio de Seguridad lo denunció por “mal desempeño” ante el Consejo de la Magistratura, acusándolo de intervenir de forma “ilegal y parcial”.
La decisión de Gallardo respondía a un amparo presentado por gremios y organizaciones sociales, que pedían que la seguridad del acto quedara solo en manos de la Policía de la Ciudad para evitar posibles represiones.
La marcha está prevista para este miércoles 9 de abril, justo un día antes del paro general convocado por la CGT.
Desde diciembre, las fuerzas federales ya estuvieron presentes en varias protestas similares, y el Gobierno está firme en no cambiar esa postura.
La Justicia había ordenado que el Gobierno porteño se encargue del operativo de seguridad
El juez Roberto Andrés Gallardo dispuso que el Gobierno porteño sea quien se encargue del operativo de seguridad de la marcha de los jubilados del próximo miércoles.
El titular del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a la solicitud presentada por los cosecretarios de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato y Maia Volcovinsky y el secretario general y representante legal de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Walter Gramajo,
Por su parte, el juez le ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación -a cargo de Patricia Bullrich- que se abstenga de intervenir en la manifestación “más allá de los límites de protección de intereses federales”.
La Justicia determinó que el operativo de seguridad de la marcha de jubilados esté a cargo de CABA
Tras la represión ejercida en las últimas marchas de jubilados, el juez consideró que “no se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública".
"El riesgo invocado no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, agregó.
Asimismo, explicó que “en los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos".
Y continuó: "es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”.
