Esta mañana, dos personas resultaron detenidas en la provincia de Córdoba, acusadas de la autoría de las amenazas de muerte al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, su esposa, Malena Galmarini y sus hijos Milagros y Tomás. Las detenciones, se dieron en el marco de un operativo que ordenó la jueza federal electoral María Romilda Servini.
Te puede interesar
El operativo, constó de dos allanamientos que realizó la Policía Federal (PFA). El primero, se efectuó en un edificio de la calle Rivadavia en el microcentro de la capital cordobesa, y el segundo realizado en la en un domicilio de la localidad de Colonia Caroya, situada a unos 53 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Los sospechosos, fueron identificados como Freddy Mauricio Mendoza Michel y Enzo Matías Mena, y ya se encuentran a disposición de la Justicia en los Tribunales Federales de Córdoba, donde se los notificó de la imputación por el delito de "amenazas". Según trascendió, ambos detenidos serán trasladados en las próximas horas hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde continuarán el proceso judicial.
Las amenazas a Sergio Massa y su familia
El propio candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que competirá este domingo en el ballotage frente a Javier Milei, reveló hace algunos días que fue víctima de una serie de amenazas. "A mí me tocó hace tres semanas…por orden de la jueza Servini mi familia está con seguridad, por un tema de amenazas reiteradas", contó el ministro de Economía.
El 3 de noviembre pasado, la titular de AySa y esposa del candidato presidencial de UxP, Malena Galmarini, radicó la denuncia tras la filtración de datos personales que se viralizaron desde dos cuentas de la plataforma Tik Tok, desde donde se difundieron los números de teléfono de Sergio Massa y de los integrantes de su familia, y desde allí se convirtieron en blanco de un gran cantidad de amenazas.
Tras la denuncia jueza en lo federal electoral, María Servini, ordenó la custodia permanente para proteger la integridad de la familia del candidato presidencial. Al mismo tiempo, solicitó la intervención de la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal, que lleva adelante la investigación del caso.