El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, apuntó sus dardos contra la Corte Suprema de Justicia y principalmente su presidente Horacio Rosatti. Luego de la filtración de chats del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D`Alessandro, con la mano derecha del Supremo Magristrado, Silvio Robles, el funcionario recordó que hace días el máximo tribunal de la Argentina falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires para que se aumente el pago al 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
En sus redes sociales, el ministro del Interior, publicó una serie de mensajes contra el accionar del Corte, en favor de la Ciudad de Buenos Aires. "Participamos de buena fe, en representación de Nación, en audiencias de mediación convocadas por la Corte por los fondos de CABA. En pos de la transparencia pedimos que sean públicas pero la Corte no sólo las hizo cerradas sino que ordenó que no se registraran en ningún soporte", comenzó su descargo.
En esta línea agregó: "Después de que Argentina saliera campeón, entre las Fiestas, la Corte sacó un fallo vergonzoso entre gallos y medianoche dándole más fondos a Horacio Rodríguez Larreta que administra el distrito más chico, con menos necesidades y más rico del país en detrimento de todas las provincias".
Por último, escribió: "Dijimos que el fallo es arbitrario, electoralista y antifederal. La filtración de los chats que muestran una relación escandalosamente promiscua del ministro de Seguridad de Larreta y el principal asesor de Rosatti confirman lo que denunciamos: con esta Corte no hay justicia".
El Gobierno le reclamó a la Corte que suspenda los efectos del fallo por coparticipación
El Gobierno nacional hizo una presentación este martes ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), elevándola al 2,95 por ciento.
A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
El Gobierno dijo que la Corte, con la cautelar emitida, "excede sus competencias constitucionales" y "afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios".
También afirmó que "la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas".
El escrito de Zannini advirtió que "la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (...) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad".
Pero, alertó, "de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa" y entonces "ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos".
"El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas", enfatizó el Gobierno nacional.
Y aseveró que "se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente".
Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN", "insistió.
