El Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno porteño firmaron un acuerdo que promete cambiar el control de los detenidos en la Capital Federal.
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Este jueves, Patricia Bullrich y Jorge Macri oficializaron el traspaso del Servicio Penitenciario en un encuentro que se llevó a cabo en la sede de la cartera de seguridad.
El acuerdo establece que el Servicio Penitenciario Federal comenzará a trabajar en la ejecución de penas y en la custodia de detenidos por delitos no federales, cuya competencia recae en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y en la Justicia Penal de la Ciudad.
Bullrich-Macri: el acuerdo que cambiará el sistema carcelario porteño
Con este traspaso se busca solucionar el problema de la superpoblación en comisarías y alcaidías porteñas, donde actualmente hay más de 2.000 presos en espacios que no están preparados para alojarlos por más de 72 horas.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño, que estuvo representado por Jorge Macri junto a Néstor Grindetti y Waldo Wolff, ven este acuerdo como un paso hacia adelante. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerse a niveles y parámetros de seguridad estándar”, dijo el ministro Wolf.
El convenio llega tras un año complicado, marcado por varias fugas de presos que intensificaron la tensión entre ambas administraciones. La superpoblación carcelaria y la falta de infraestructura adecuada llevaron a que la Ciudad reclamara el traslado de los detenidos al Servicio Penitenciario Federal, una medida que ahora se hace realidad.
Por su parte, desde Nación señalaron que el compromiso de la Ciudad de construir una cárcel en Marcos Paz, firmado en 2018, aún no se cumplió en su totalidad. “El problema es que no estamos en condiciones de llevarlos hoy (a los detenidos en comisarías porteñas) a una cárcel, porque no tenemos adónde llevarlos”, explicó Bullrich, sumando que el penal en construcción está al 70% y todavía se necesitan soluciones intermedias para los más de 2.000 presos.
De esta manera, la Ciudad también podrá destinar más agentes de la Policía de la Ciudad a tareas de patrullaje, dejando de lado funciones de custodia en comisarías. Así, el convenio busca traer calma y orden a un problema que, durante 2024, generó fuertes cruces entre las autoridades nacionales y porteñas.
Patricia Bullrich echó a 21 docentes vinculados a los derechos humanos de la Universidad de la Policía Federal
Veintiún profesores y profesoras del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) fueron despedidos a mitad de cuatrimestre con la excusa de que hay un cambio de paradigma en marcha impulsado desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
La denuncia de ATE
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que se trata de una persecución ideológica y le reclamaron al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé –que había quedado en el ojo de la tormenta después de que una nena de diez años fue gaseada en una marcha en Congreso–, que deje sin efecto la decisión
El 14 de octubre, 21 docentes recibieron la notificación de que ya no seguirían dando clases en el IUPFA. Muchos de ellos llevaban más de diez años en esa institución. Todos eran herederos, de alguna manera, del proceso que se inició hacia finales de 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad y la decisión de Nilda Garré de que la formación de los agentes no podía quedar únicamente en manos de las propias fuerzas.
Los despedidos eran parte del plantel docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, creada por Garré. Todos tenían contratos hasta el 31 de diciembre, pero en la cúpula de la PFA evidentemente primó la lectura de que había que dar un mensaje rápido de ruptura. “Se ve que no se aguantaron hasta fin de año”, dice uno de los desvinculados.
Lo que tienen en común los docentes despedidos es que ocuparon algún cargo durante las gestiones del kirchnerismo o que tienen militancia en derechos humanos. .De hecho, dos de las docentes echadas son parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Una de ellas está embarazada. Nada de eso importó a la hora de firmar las desvinculaciones –ni siquiera la posibilidad de afrontar juicios laborales.
Los rumores de que se podrían producir despidos comenzaron hacia finales de septiembre. El 12 de septiembre, hubo una reunión del consejo académico del IUPFA –que tuvo casi un carácter secreto– en el que se habló de cerrar la carrera de Seguridad Ciudadana y de no renovar contratos.
“Cambio de paradigma” es la excusa de los despidos
Según el acta de la reunión a la que accedió Página/12, el rector del IUPFA, el comisario mayor retirado Oscar Gutiérrez, marcó que estaba en marcha un cambio de paradigma. “Remarca, precisamente, las diferencias con el enfoque anterior basado en estrategias de prevención social de la violencia y el delito en carácter comunitario y local. En dicho orden de ideas, deviene necesario potenciar las ofertas académicas ligadas al citado objetivo”, puede leerse en la minuta.
El 23 de septiembre, Gutiérrez escribió una resolución con los nombres de las personas que iban a quedarse sin trabajo en mitad del cuatrimestre. “Es necesario adecuar los perfiles de los docentes que integran esta Casa de Altos Estudios, quienes deben estar enfocados y capacitados sobre la investigación criminal, conforme a la política y lineamientos de formación que establece el Ministerio de Seguridad de la Nación para las fuerzas de seguridad”, afirmó.
“Para lograr tal meta –continuó el rector– se efectuó un amplio y pormenorizado análisis de todos los docentes que integran el plantel académico, pudiéndose determinar que entre ellos hay muchos que no cuentan con la debida experiencia, formación y perfil en materia de investigación criminal y crimen complejo”.
En síntesis, el argumento que daban desde la cúpula del IUPFA era que supuestamente esos docentes no podrían formar a los estudiantes en cuestiones vinculadas a la investigación criminal –pese a que muchos de ellos tienen las competencias necesarias.
Es también curioso que el rector diga que se revisaron los currículums de todos los docentes. Es una práctica que no era especialmente común, sobre todo si se tiene en cuenta que Isabel Correa –conocida como “Isabelita” en el Cuerpo de Informaciones de la PFA– siguió dando clases allí hasta un día después de que Página/12 publicó que había estado infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura. Lo más sugestivo es que el Ministerio de Seguridad había denunciado su caso en 2013.
Según pudo saber este diario, hay casos de docentes a quienes les dijeron que no los podían echar pero que no los quieren frente a un curso. Hubo también una designación de un nuevo coordinador para la carrera de Seguridad Ciudadana, pese a la decisión de no abrir una nueva cohorte y de terminar con las que están en curso únicamente.
