El Gobierno dio un nuevo paso en su plan de reducción del Estado. Esta vez fue el turno a los derechos de autor y las sociedades de gestión colectiva como SADAIC, AADI-CAPIF y ARGENTORES.
Te puede interesar
A través del DNU 138/25, publicado ayer en el Boletín Oficial, el Ejecutivo terminó con el monopolio que ejercían estas entidades desde hace más de 50 años para el cobro y administración de los derechos de los artistas.
La medida permite que los creadores puedan elegir libremente quién los representa o incluso establecer acuerdos directos con los usuarios de sus obras, sin intermediarios obligatorios.


Sturzenegger contra SADAIC: "Liberamos a la cultura del control estatal"
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, explicó en sus redes sociales los motivos detrás de esta decisión: "Liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace 50 años y que hasta la llegada del presidente Milei nadie quiso o se animó a desarmar".
El funcionario fue más allá en sus críticas y apuntó directamente contra el modelo anterior: "Este perverso sistema ideado por el presidente de facto Onganía (luego amplificado por el kirchnerismo que comparte esa visión autoritaria del poder), le permitía al gobierno dos cosas", señaló.
Y puntualizó: "Primero, tener el control de los derechos de los artistas para disciplinarlos (ya sea privilegiándolos en el cobro, o extorsionándolos). Segundo, constituía una abultada caja en la que vale el dicho 'el que reparte se queda con la mejor parte", sostuvo.
Entre los principales cambios, el decreto permite que cualquier persona pueda fundar nuevas sociedades de gestión que compitan con las existentes, algo que, según el gobierno, fomentará la transparencia y la eficiencia.
Los artistas también podrán cobrar directamente sus derechos sin tener que pasar por SADAIC u otras entidades similares, eliminando las comisiones que estos organismos retenían.
Para algunos, la medida viene a modernizar un sistema que llevaba décadas sin cambios. Para otros, podría generar incertidumbre sobre cómo se protegerán efectivamente los derechos de los creadores que no tengan estructura para negociar individualmente.dec