La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó este miércoles que se le amplíe la declaración indagatoria al ex ministro de Energía del gobierno de Cambiemos Javier Iguacel en la causa en la que se lo investiga por haber dictado en 2018 una resolución que obligaba a los usuarios a compensar a las distribuidoras de gas por los efectos de la devaluación. Esto implicó que los usuarios tuvieran que pagar el gas en cuotas.
Ochoa presentó un dictamen ante la jueza federal María Romilda Servini para que le amplíe la declaración al exfuncionario de Mauricio Macri. Iguacel fue beneficiado con una “falta de mérito” en esta causa, tras detectar que al momento de dictar la resolución cuestionada era tenedor de acciones de YPF S.A., controlante a su vez de Metrogas S.A., por lo que debió haberse abstenido de hacerlo.
Para la fiscalía, lo que hizo Iguacel "evidenciaron su interés directo en beneficiar a las empresas distribuidoras de gas, garantizando un ingreso económico extraordinario y fraudulento en perjuicio de usuarios-consumidores y del propio Estado Nacional”.
En el dictamen, la fiscal sostuvo que el 4 de octubre, cuando dictó la resolución, "Iguacel decidió deliberadamente violar los deberes y obligaciones” que le correspondían como secretario de Energía del Ministerio de Hacienda. Para Ochoa el funcionario tenía en su poder acciones de una empresa que se vería beneficiada con su decisión.
La funcionaria judicial reseñó en su escrito que el intendente de Capitán Sarmiento emitió la resolución aún cuando una intervención de esas características le había sido desaconsejada por la Oficina Anticorrupción (OA) y que para ello habría engañado tanto a esa oficina como a la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“Iguacel incurrió en falsedad al responder el requerimiento que le cursara la Oficina Anticorrupción pues, en sentido opuesto al que a la postre informara, al 31 de octubre de 2018 sí disponía de un conjunto de acciones de YPF S.A.”, sostuvo la fiscal en el dictamen al que tuvo acceso esta agencia.
Procesaron a Iguacel por ampliación ilegal de plazos de los contratos de concesión de 7 corredores viales
El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública en una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un grupo de empresas al extenderles de forma irregular la concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias.
"Javier Iguael, con la asistencia de (el ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo) Stoddart y (el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo) Belenky, se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente", sostuvo el juez Sebastián Casanello en el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a los tres exfuncionarios.
Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a las obra pública.
Fuentes judiciales indicaron que Iguacel fue señalado por el juez como presunto autor del delito, mientras que Stoddart y Belenky fueron sindicados como partícipes necesarios, en tanto que a los tres les fueron trabados embargos sobre sus activos hasta cubrir los 10 millones de pesos.
La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por Ana María Graciela Aleña el 16 de agosto de 2019, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina.
En esa presentación, sostuvo que, a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales de forma ilegal e irregular acción que, según su consideración, no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.
