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Este jueves, los trabajadores del Estado marcharán al Congreso durante el debate de la Ley Bases en Diputados

Será una movilización nacional convocada por ATE en rechazo a las reformas laborales y la privatización de empresas públicas.

Martes, 25 de junio de 2024 a las 19 41

Por Ezequiel Bucetto

Martes, 25 de junio de 2024 a las 19:41

Se confirmó que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llamó a una jornada nacional de protesta para este jueves, coincidiendo con el debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley Bases y el paquete fiscal.

Esta movilización surge en rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno y al plan de privatización de empresas públicas, considerados por el gremio como un intento de reducción del Estado.

"A los diputados que apoyen la Ley Bases, no merecen ser votados nuevamente. Independientemente de su afiliación política, han traicionado al pueblo al hacer el trabajo sucio del gobierno, actuando como sicarios al servicio de los intereses de los grandes empresarios nacionales y multinacionales", declaró Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE.

Los estatales se concentrarán para protestar contra los recortes 

A pesar de que el jueves es un día no laborable por ser el Día del Trabajador del Estado, el sindicato decidió convocar a esta jornada de protesta, señalando que existe un plan sistemático para despedir trabajadores estatales y condenarlos a una "muerte civil".

En un plenario realizado en Mar del Plata, ATE anunció la movilización para este jueves, cuando se revisarán los proyectos de ley en Diputados. El escenario legislativo tendrá gran importancia, ya que se deberán evaluar las modificaciones introducidas por el Senado.

El gobierno de Milei proyecta desvincular a más 50.000 trabajadores estatales, sumándose a los más de 15,000 despidos ya realizados desde el inicio de su gestión.

Entre las demandas de los trabajadores se encuentran la reincorporación de todos los cesanteados, la regularización de los vínculos contractuales hacia una planta permanente, un aumento salarial que supere la inflación, y la defensa de los derechos laborales frente a las políticas de ajuste y privatización.

"Los derechos de los trabajadores públicos y de la sociedad en su conjunto están siendo gravemente afectados por las políticas actuales del gobierno nacional. Se están reduciendo salarios, desmantelando áreas esenciales del Estado, cerrando organismos cruciales para la promoción y protección de derechos, y aumentando la pobreza y la indigencia", expresó ATE en un comunicado.

Alerta por despidos masivos: Vencen 50 mil contratos estatales el 30 de junio

Los gremios anunciaron medidas de fuerza y alertan que esta reducción masiva de personal podría paralizar la administración pública.

El sector público argentino se enfrenta a una nueva ola de despidos masivoscon 50 mil empleados estatales en riesgo de perder sus trabajos a partir del próximo lunes. Este escenario se presenta tras la expiración de sus contratos temporales, renovados por solo tres meses después de una primera poda que dejó a 15 mil trabajadores en la calle en abril.

La inminente cesantía afecta a una gran cantidad de ministerios y organismos descentralizados, que dependen en gran medida de personal contratado.

Según datos del INDEC y un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la administración pública nacional vio una reducción importante en su personal desde diciembre pasado. Los ministerios más golpeados en esa primera ronda fueron Capital Humano, con una reducción del 17,7%; Interior, con un 13,9%; y Economía, con un 16,2%.

Se aproxima una segunda ola de despidos

Fuentes gubernamentales confirmaron que el método para esta segunda ola de despidos seguirá el mismo esquema utilizado anteriormente: cada ministerio presentará su lista de contratos a la jefatura de Gabinete, que tomará la decisión final.

Dicho procedimiento se da dentro de la reestructuración estatal impulsada por el presidente Javier Milei, que busca una gran reducción del tamaño del Estado.

El presidente Milei fue claro en su intención de reducir la plantilla estatal como parte de su plan económico. En una reciente entrevista, afirmó su deseo de "despedir 50 mil empleados públicos" para "destruir el Estado desde adentro". Esta declaración impactó en la opinión pública y causó una ola de preocupación y críticas, tanto de los empleados afectados como de distintos sectores de la sociedad.

Cómo afecta el 'plan motosierra' a los trabajadores 

El vocero del gobierno, Manuel Adorni, señaló en una conferencia de prensa que estos despidos son parte de un proceso de revisión constante de las áreas estatales para determinar su funcionalidad y eficiencia. "Más despidos va a haber, con seguridad. Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno", sostuvo Adorni.

La situación es especialmente crítica para los contratados, que constituyen la mayoría del personal en muchos ministerios y organismos. Estos trabajadores, muchos con décadas de antigüedad, no gozan de la estabilidad laboral de la planta permanente y enfrentan una mayor vulnerabilidad.

Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital y trabajador del Ministerio de Salud, resaltó esta precariedad: "Se habla de los contratados como si fuéramos algo accesorio, pero en la administración central y en los organismos somos más del 70 por ciento del total de trabajadores. Hay un mito de que somos accesorios, o consultores externos, pero somos mayoría. Si despiden a los contratados, chau Estado, no hay quien lo sostenga".

El próximo 30 de junio marcará un punto crítico en esta crisis laboral, con la expiración de miles de contratos. La inquietud sobre la renovación o no de estos contratos genera un clima de tensión y angustia entre los empleados públicos. El gobierno, por su parte, continúa adelante con su plan de ajuste, pese a las protestas y las demandas de estabilidad laboral por parte de los trabajadores.

Con el reloj corriendo hacia fin de mes, la situación en el sector público es tensa y volátil, con miles de empleados pendientes de una decisión que podría dejarlos sin empleo y afectar gravemente el funcionamiento de numerosos organismos estatales.

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