La Secretaría de Derechos Humanos presentó un habeas corpus preventivo y colectivo para que se retire la presencia de la Policía de la Ciudad de la puerta de las escuelas en donde se encuentran las protestas de estudiantes. En la presentación, consideraron que las y los jóvenes "no pueden ser imputados de ninguna contravención" y que, además, "se encuentran ejerciendo sus derechos".
La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de dicha secretaría intervino luego que se conocieran las denuncias contra madres, padres y alumnas/os que ingresaron a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional. "Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", sostienen en un texto.
Al mismo tiempo, denunciaron que los efectivos de la policía sacan fotos a estudiantes, graban videos y les piden información personal. Frente a esto, la Secretaría de Derechos Humanos sostiene que "no puede pasar por alto" que la mayoría de las y los estudiantes son menores de edad, por lo que "no pueden ser detenidas/os ni imputados por supuestas contravenciones".
Por otra parte, con respecto al accionar y a la presencia policial en los establecimientos educativos, denuncian que "persigue un efecto intimidatorio y amenazante" para que los y las estudiantes cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades. Mientras que, a su vez, señalaron el accionar de la fiscal María Laura Presedo -quien notificó la causa a familiares, con policías en sus domicilios particulares-.
"El más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo, según las copias de las notificaciones remitidas a esta Dirección Nacional por los propios padres afectados", explican.
Y subrayan: "Respecto a la conducta desplegada por los/as estudiantes, las mismas tampoco resultan punibles por ser éstos/as menores de 18 años y estar actuando en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo (cfr. Art. 11 del Código Contravencional)". Frente a esto, la SDH remarca que la causa es "carente de sustento jurídico" y que "pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as".
Acciones conjuntas con la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo porteño organizó mesas de trabajo para que los padres sepan como actuar ante esas denuncias y con los alumnos se organizarán la semana próxima para hablar sobre el tema de las viandas y de la prácticas laborales en empresas.
Durante el abrazo simbólico al Lengüitas, Julia, presidenta del centro de estudiantes, dijo que "más allá de que queremos tener un acercamiento al mundo laboral, no son los modos. Las pasantías no son como se había planteado".
Y apuntó: "Algunas compañeras (de este colegio) fueron a un hotel internacional a hacer prácticas de idioma (por ser una escuela bilingüe) y terminaron lavando los platos. El hotel no tenía ni idea que íbamos a ir".
A su turno, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, cuestionó la actitud del Gobierno porteño en relación a las protestas en los colegios públicos y recordó que la participación y la organización estudiantil "están protegidas en la ley 26.877 de Creación y funcionamiento de los Centros de Estudiantes".
En una nota dirigida al Consejo de Derechos del Niño de la Ciudad, Lerner defendió el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes en los ámbitos donde se desarrollan y recordó que ese principio "está consignado en las normativas vigentes en nuestro país".
"Las y los adolescentes tienen derecho a peticionar y a asociarse y no existe fundamento jurídico alguno para imputar criminalmente o en términos contravencionales a las y los progenitores", dijo Lerner, y agregó que "es alarmante el ejercicio coercitivo sobre las personas adultas responsables de las chicas y los chicos, como método de control y restricción a la libertad de expresión y participación de las y los estudiantes".
