La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al ex jefe de gabinete, Marcos Peña, y a los exfuncionarios Gerardo Milman -actual diputado de JxC- y Fernando Alberto Fohrig, por direccionamiento por una compra de sistemas de seguridad en pasos fronterizos en el año 2016.
La denuncia apunta contra irregularidades en la licitación para la adquisición de estos sistemas de Seguridad, en donde el gobierno de Cambiemos, le pagó a una empresa la suma de 35 millones de dólares, cuando en el mismo momento otras empresas ofrecían el mismo servicio por cinco millones menos, además de otras irregularidades.
En una presentación de 26 páginas que la OA presentó ante la Justicia, sostiene: "No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública".
Además de Bullrich y Marcos Peña, también se menciona a Gerardo Milman, y a Fernando Alberto Fohrig, todos ellos denunciados por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" .
En el documento presentado, la OA argumenta que "las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman la decisión de obrar en beneficio del consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd. en forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la maniobra".
Incumplimiento de deberes de funcionario público
En este sentido argumentan que la por entonces ministra de Seguridad, "resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades".
"Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", agregan en la misma línea.
Además el escrito sostiene que todos ellos "se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes”, “abusando de su posición" y de “su poder”.
Asimismo indica que "La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la relación titular/administrador, implica la violación de deberes por parte del agente".
Según se desprende de la investigación realizada por el organismo anticorrupción "Patricia Bullrich y (el funcionario) Fernando Alberto Föhrig impulsaron y adquirieron un sistema `enlatado` sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal".
La OA agrega que hubo otra "conducta objeto de reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la República Argentina"
