La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el 21 de diciembre próximo se celebre la audiencia para escuchar a las partes que apelaron el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.
Los jueces de la sala segunda del tribunal de Casación establecieron que la audiencia se realizará a las 10.30 de modo virtual, aunque Télam pudo saber que la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras insistirá en que se realice de modo presencial como otras audiencias que se llevaron a cabo en esta causa.
La audiencia será encabezada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma que luego deberá definir si confirman el fallo cuestionado o lo revocan y ordenan continuar con la investigación como reclamaron las querellas y el fiscal Raúl Plée.
La semana pasada, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal pidió que sea revocado el sobreseimiento del expresidente Macri y de los demás imputados en la causa por considerar que se trató de una resolución "a todas luces prematura".
El representante del ministerio público fiscal señaló en su dictamen que se "ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación" sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino y que, por el contrario, no logró acreditarse que esas tareas hayan sido desplegadas para neutralizar un potencial riesgo a la seguridad presidencial.
La hipótesis de la "seguridad presidencial" había sido utilizada por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, para revocar el procesamiento que pesaba sobre Macri cuando el caso llegó a los tribunales federales de Comodoro Py.
Ahora la Cámara Federal de Casación Penal será la encargada de definir si confirma o revoca los sobreseimientos con los que fueron beneficiados Macri, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de exagentes de ese organismo.
"Se ha provocado la vulneración a los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraba reunida para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados, sin que la Cámara haya logrado demostrar la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad", señaló el fiscal en su dictamen.
