El sector público argentino se enfrenta a una nueva ola de despidos masivos, con 50 mil empleados estatales en riesgo de perder sus trabajos a partir del próximo lunes. Este escenario se presenta tras la expiración de sus contratos temporales, renovados por solo tres meses después de una primera poda que dejó a 15 mil trabajadores en la calle en abril.
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La inminente cesantía afecta a una gran cantidad de ministerios y organismos descentralizados, que dependen en gran medida de personal contratado.
Según datos del INDEC y un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la administración pública nacional vio una reducción importante en su personal desde diciembre pasado. Los ministerios más golpeados en esa primera ronda fueron Capital Humano, con una reducción del 17,7%; Interior, con un 13,9%; y Economía, con un 16,2%.
Se aproxima una segunda ola de despidos
Fuentes gubernamentales confirmaron que el método para esta segunda ola de despidos seguirá el mismo esquema utilizado anteriormente: cada ministerio presentará su lista de contratos a la jefatura de Gabinete, que tomará la decisión final.
Dicho procedimiento se da dentro de la reestructuración estatal impulsada por el presidente Javier Milei, que busca una gran reducción del tamaño del Estado.
El presidente Milei fue claro en su intención de reducir la plantilla estatal como parte de su plan económico. En una reciente entrevista, afirmó su deseo de "despedir 50 mil empleados públicos" para "destruir el Estado desde adentro". Esta declaración impactó en la opinión pública y causó una ola de preocupación y críticas, tanto de los empleados afectados como de distintos sectores de la sociedad.
Cómo afecta el 'plan motosierra' a los trabajadores
El vocero del gobierno, Manuel Adorni, señaló en una conferencia de prensa que estos despidos son parte de un proceso de revisión constante de las áreas estatales para determinar su funcionalidad y eficiencia. "Más despidos va a haber, con seguridad. Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno", sostuvo Adorni.
La situación es especialmente crítica para los contratados, que constituyen la mayoría del personal en muchos ministerios y organismos. Estos trabajadores, muchos con décadas de antigüedad, no gozan de la estabilidad laboral de la planta permanente y enfrentan una mayor vulnerabilidad.
Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital y trabajador del Ministerio de Salud, resaltó esta precariedad: "Se habla de los contratados como si fuéramos algo accesorio, pero en la administración central y en los organismos somos más del 70 por ciento del total de trabajadores. Hay un mito de que somos accesorios, o consultores externos, pero somos mayoría. Si despiden a los contratados, chau Estado, no hay quien lo sostenga".
El próximo 30 de junio marcará un punto crítico en esta crisis laboral, con la expiración de miles de contratos. La inquietud sobre la renovación o no de estos contratos genera un clima de tensión y angustia entre los empleados públicos. El gobierno, por su parte, continúa adelante con su plan de ajuste, pese a las protestas y las demandas de estabilidad laboral por parte de los trabajadores.
Con el reloj corriendo hacia fin de mes, la situación en el sector público es tensa y volátil, con miles de empleados pendientes de una decisión que podría dejarlos sin empleo y afectar gravemente el funcionamiento de numerosos organismos estatales.
