El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este lunes -en su habitual conferencia de prensa- que habrá más cesantías de empleados públicos y consideró que "es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado".
Tal como lo anunció semanas atrás, donde expresó que "la motosierra es eterna", el funcionario anunció que a fin del mes próximo habrá más despidos. La política de despidos desatada por el gobierno de Javier Milei cayó hasta el momento sobre de algo más de 15 mil trabajadores de ministerios, secretarías, distintas dependencias y áreas descentralizadas del Estado.
Milei anunció que tiene planificado echar a 70.000 trabajadores y trabajadores públicos, una promesa que, de cumplirse, eliminaría por completo algunas funciones del Estado. En total, en el Sector Público Nacional trabajan 200.000 empleados civiles. Despedir a 70.000 implicaría una reducción de la planta del 35%, una medida que vaciará ministerios y obligará a cerrar alguno de los 76 organismos descentralizados que tiene el Estado Nacional en todo el país.
El impacto de los despidos
“No hay manera de que funcionen los ministerios si echan a 70.000 trabajadores porque el grueso de ese total están en la administración centralizada. Solamente podes llegar a ese número cerrando organismos, no hay manera que puedas sacar 70.000 y garantizar el funcionamiento de todo lo que está. Si eso pasa el Estado va a dejar de funcionar tal cual lo conocemos, va a haber un montón de prestaciones que no se van a poder brindar”, señaló Ana Castellani, exsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.
Además del impacto económico y familiar que implica para una persona perder su trabajo, estas medidas tendrán un impacto en la vida cotidiana de la sociedad en general. Se trata de sectores que empeorarán su capacidad o que directamente no podrán brindar el servicio. “Ahora, este país no puede prevenir las grandes catástrofes porque el recorte llegó al Servicio Meteorológico Nacional, hay delegaciones de ANSES que cerraron porque los echaron a todos, ya no vamos a poder atacar los incendios de nuestros bosques porque despidieron a brigadistas de Parques Nacionales y del Plan Nacional del manejo del fuego. No vamos a tener seguridad alimentaria porque atacan también al SENASA. Cada despido es una tragedia para ese trabajador, pero cuando uno analiza la masividad de las cesantías se da cuenta que esa tragedia individual se transformó en una tragedia social, colectiva. Detrás de cada puesto, hay una política pública que se desmantela”, agregó el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
“Los despidos no parecen tener una lógica: echaron personas que con mucha antigüedad y algunas cerca de jubilarse, incluso recortaron en sectores con planta deficitaria. Evidentemente no hay ningún análisis serio de lo que hay que hacer con el Estado. Sacaron gente de organismos que tienen la dotación excedida, pero también de otros con la dotación para abajo. El CONICET tenía su dotación administrativa por debajo de la dotación óptima y despidieron. Casualmente en la AFIP, que siempre da arriba de la dotación óptima con 4000 personas, no hubo despidos. Si echas a mansalva, sin criterio ni revisión hay funciones, servicios, prestaciones que van a ser difíciles de cumplir”, explica Castellani, que también es investigadora del CONICET.
Dentro de ese desorden, hay un denominador común que tiene que ver con la territorialidad y el desprecio por el federalismo. Gran parte de los despidos se dieron en el interior del país, en las delegaciones de los organismos centrales. “No hay un criterio de despido, el único criterio es la calculadora. Lo que sí vemos es una decisión clara del gobierno de retirar la presencia del Estado Nacional de las provincias. Cerraron los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, cerraron 106 unidades territoriales de Agricultura Familiar (despidieron 1000 y 80 solo están en Capital, el resto en las provincias), cerraron las delegaciones de las provincias del ENACOM. Este ajuste se empieza a sentir más en las provincias y en los municipios”, explicó Aguiar.
Las formas de notificación durante el fin de semana largo son una mezcla de lo desprolijo y lo cruel. Se viralizaron las imágenes de trabajadores del CONICET haciendo fila bajo la lluvia para saber si podían entrar a trabajar. En algunos lugares el aviso fue por WhatsApp durante la madrugada, en otros se enteraron al no poder ingresar la huella digital o al no poder entrar al mail institucional. En Rosario, por ejemplo, fue un efectivo de la Policía Federal el que leyó las listas de los despedidos.
Distintos tipos de contrataciones
Los análisis sobre los tipos de contratación en el Estado indican que hay alrededor de 123.000 personas contratadas de manera permanente (a través del artículo 8 de la Ley Marco de Empleo Público) o de manera transitoria (por el artículo 9). Esta ley no contempla la indemnización porque o bien la persona ingresó a través del artículo 8 (concursó y no puede ser despedido), o a través del artículo 9, que es una contratación transitoria por un año para algún proyecto especial. En la práctica, las personas con artículo 9 siguen trabajando a lo largo de los años con contratos que se renuevan automáticamente. Durante el gobierno de Alberto Fernández se hicieron alrededor de 15.000 concursos para que quienes estaban bajo el artículo 9 pasen el 8, pero quedaron cerca de 30.000 sin realizar.
El otro tipo de contratación tiene que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, bajo la que están alrededor de 80.000 personas con modalidades de contratación a plazo fijo o plazo determinado. En estos casos sí se contempla la indemnización, con la misma lógica que en los empleos privados. Además de los despidos, el Gobierno Nacional prorrogó los contratos hasta junio de este año cuando históricamente se extienden hasta diciembre, es decir, por un año. Esto hace prever una nueva oleada de despidos para mitad de año.
“Quedaron 55.000 a los que decidieron renovar el contrato por 90 días con una oración que dice ‘como máximo’. Esto nunca pasó, es una renovación diaria, quiere decir que te puedo despedir mañana también. Enfrentamos el fraude laboral más grande que se haya conocido en Argentina. Esta renovación diaria me hace pensar que el gobierno está decidido a ir por la cabeza de los 70.000 estatales por eso es que tenemos que profundizar nuestro plan de lucha”, afirmó Aguiar.
Los despidos incluyen áreas estratégicas para el desarrollo y la soberanía del país. En el ex Ministerio de Educación se redujo un 20% la plantilla durante marzo. Así se lo confirmó la delegada de Junta interna de ATE, Yamila Jaral, a este diario: “Sacaron a personas con perfiles profesionales, algunos con 20 años de antigüedad, y siguen llegando las notificaciones. Incluye a casi todas las áreas: formación docente, ESI, becas Progresar y Manuel Belgrano, Conectar Igualdad, plan FINES, modalidad adultos, infraestructura y muchas otras”.
En el CONICET despidieron a 140 personas y a otras les renovaron solo por tres meses. “Vienen a destruir la soberanía científico tecnológica. Despedir a los trabajadores que sostienen el organismo con tareas administrativas científico técnicas implica la parálisis del CONICET y el gobierno no tiene pudor de destruir líneas de trabajo que impactan en el bienestar de nuestra sociedad”, señaló la delegada Nuria Giniger.
