La ola reformista que anunció el presidente, Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de este año se vio afectada por la pandemia. Muchas de las medidas que deseaba implementar quedaron suspendidas hasta que el coronavirus sea un problema del pasado. Sin embargo, con la posibilidad de acceder a una vacuna en algunos meses y la necesidad de reactivar el país sin perder de vista la cuestión sanitaria, el gobierno quiso poner primera y se encontró con una oposición política y mediática cada vez más radical. Encontrar un puente que permita avanzar tomó caracter urgente.
El viernes por la noche, día estratégico como pocos para anuncios importantes, el presidente comunicó vía Twitter que declaraba servicios públicos a la telefonía móvil, internet y televisión por cable, y que congelaba las tarifas de los mismos hasta fin de año. Como era de esperarse, la oposición más dura, esta vez encabezada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el ex senador, Federico Pinedo, y algunos referentes mediáticos del espectro cambiemita, como Osvaldo Bazán, salieron a disparar las acusaciones de siempre: "Vienen por todo", "Esto nos acerca a Venezuela". Algunos, incluso, mostraron un nivel de ignorancia sorprendente cuando hablaron de una "estatización" que nunca fue anunciada o de que previamente los servicios públicos debían ser "agua, gas y electricidad", tres factores que ya tienen ese estatus en nuestro país. Y en muchos países del primer mundo, cabe destacar.
Las últimas semanas fueron esclarecedoras para determinar en qué situaciones actúa mejor el gobierno. El hermetismo y la negociación previa son aliados del oficialismo en este contexto. Las veces que quiso hacer anuncios con bombos y platillos se empantanó el camino.
Si la cuarentena ya no existe, el acuerdo de tratar solo los temas relacionados con la pandemia en el Congreso tampoco. Todo se ha convertido en una constante tensión entre los polos que pone piedras en el camino legislativo. En ese contexto, Alberto Fernández anunció la intervención y futura expropiación de la cerealera Vicentin hace algunos meses. Lo hizo con la senadora Anabel Fernández Sagasti a su lado y con la intención de imponer la épica de "soberanía alimentaria". El resultado fue una manifestación callejera que le dio protagonismo a los opositores duros, relegados hasta el momento, como Bullrich o el mismo Mauricio Macri. Semanas después, el presidente debió dar marcha atrás.
Por los mismos senderos oscuros caminan actualmente la reforma judicial, que Alberto Fernández anunció rodeado de juristas y políticos, y el deseado impuesto a la riqueza -una medida que cuenta con aprobación por encima del 70% en la sociedad- que aún no se sabe del todo por qué no se lleva adelante.
Lo curioso de todas estas medidas es que son, justamente, las que el electorado de los Fernández les reclaman. Se podría decir entonces que son buenas medidas, con una mala estrategia para llevarlas adelante. Anunciarlo tiempo antes y testear la reacción solo ha logrado darle margen de acción a una oposición que está dispuesta a todo por mejorar en las encuestas y tomar un poco del protagonismo público que perdieron desde el 10 de diciembre pasado, tras una gestión paupérrima.
Si nos centramos en las cuestiones que pudieron efectivamente ser llevadas adelante, como el último anuncio -mal que le pese mirar el Boletín Oficial a quienes lo critican corriendo desde atrás-, encontramos un denominador común: el gobierno craneó, negoció y actuó sin darle margen a la oposición radical de desgastarlo. Se contuvo el capital político y también la imagen del presidente, quien en estos casos se llevó el crédito.
En la misma bolsa se puede agrupar el anuncio de la vacuna contra el coronavirus que se producirá en el país, aunque con algún tironeo con el ministro de Salud, Ginés González García, por su anticipo ante la prensa, y la reestructuración de la deuda a cargo del titular de la cartera de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Todas medidas de las que poco se sabía hasta horas antes de que sean anunciadas y que resultaron victoria por goleada para el oficialismo.
El gobierno tiene buenas ideas. Debe dejar de fallar a la hora de comunicarlas y en el tramo previo a poder implementarlas. El tránsito entre el anuncio y la hora de hacerlo efectivo se vuelve tan importante como el proyecto en sí.
El panorama en el Congreso resulta esclarecedor para revisar las formas y la organización parlamentaria. Con mayorías propias, pero no los dos tercios para medidas importantes -como el pliego del juez Daniel Rafecas a Procurador General de la Nación-, el senado puede avanzar con la media sanción sin necesidad de acuerdos. La cámara de diputados no. Descontando la negativa de Juntos por el Cambio, que ha mantenido su unidad pese a las diferencias, resulta clave la negociación previa y los acuerdos con los sectores que encabezan los gobernadores como Juan Schiaretti (Córdoba), los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), también con Roberto Lavagna, el socialismo y la izquierda. Llegó la hora de que Sergio Massa, presidente de la cámara baja, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, se pongan el overol.
También, quizás, en un futuro cercano se pueda buscar a esos opositores dialoguistas dentro de Juntos por el Cambio. Es curioso ver el silencio de los moderados como Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de CABA), María Eugenia Vidal (ex gobernadora bonaerense), Emilio Monzó (ex titular de la cámara baja de la Nación), Rogelio Frigerio (ex ministro del Interior), ante los atropellos y el ninguneo al que los invita el ala dura.
Organización, acuerdos y estrategia para las buenas ideas. El oficialismo puede, a pesar de la pandemia y de no tener mayorías legislativas propias, ser el gobierno reformista en el que confiaron los argentinos. Depende de ellos poder cumplirlo y no ser testimoniales hasta, como mínimo, el recambio que vendrá con las elecciones de 2021.
