La cuarta revisión del acuerdo con el FMI está demorando más de lo esperado. Las negociaciones se extendieron desde la visita técnica de las segundas líneas del Ministerio de Economía a Washington hace dos semanas. Los funcionarios fueron con el mandato de solicitar una dispensa para la acumulación de reservas, pero el magro desempeño de las cuentas públicas en el cierre de febrero encendió luces de alarma sobre las proyecciones fiscales. Hoy se analiza en concreto la posibilidad de tramitar un waiver para aliviar la exigencia de reducción del déficit fiscal, establecida en por lo menos 0,6% del PBI para 2023.
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Postergar parcialmente el sendero decreciente del déficit encuentra razón de ser en el apremiante contexto socioeconómico que se cristalizó en los últimos años. La anomalía simultánea de un contexto externo muy rígido a nivel mundial (tasa de interés alta y menor crecimiento global) junto con los efectos internos de la sequía parecen justificación suficiente contra un programa contractivo. No obstante, toquetear tan rápidamente (a un año de su inicio) las metas del programa con el FMI podría ser contraproducente en pos de estabilizar las expectativas. Más que un reproche a la actitud dispendiosa del Ejecutivo saliente, el mercado podría objetar que el FMI no se mantenga firme frente a cualquier pedido por parte del deudor. Se sabe, más que una fórmula perfecta para la consecución de un arreglo macro que garantice la devolución de la deuda, los parámetros de un programa con el Fondo son una señal de coordinación al sector privado. El país se compromete para “hacer lo que hay que hacer”. El límite en el margen son los imponderables exógenos, y en esta oportunidad parece haber fundamento.
En números, este año Argentina tiene que profundizar la convergencia fiscal hasta un límite de 1,9% del PBI, que representa aproximadamente $2,8 billones a precios proyectados 2023. Solo en el primer mes del año el déficit primario ascendió a $0,2 billones, y febrero (aún sin datos) se espera que no muestre mejor desempeño. Al respecto, el acuerdo con el FMI hace explícita una hoja de ruta para lograr el resultado. En la tercera revisión del programa de facilidades extendidas se marca la necesidad de acotar en 1,8% del PBI el gasto total. A este globo se llegaría con un recorte de la asistencia social por 0,8% del PBI, una caída en subsidios económicos por 0,6% del PBI y una merma de 0,4% del PBI entre gastos por jubilaciones, salarios y transferencias a las provincias. Paradójicamente, la letra del programa también propone un descenso de los ingresos tributarios por 0,4% del PBI y de los no tributarios por 0,9% del PBI. Con todo, la trayectoria fiscal proyectada por el organismo internacional implica alcanzar la consolidación primaria para el año 2025, y un superávit para el 2026.
Nadie puede negar que el actual Ministro de Economía empezó a emprender un camino decidido de prudencia fiscal. Con datos para el primer semestre gestión Massa, el gasto total se reduce 7,9% contra la inflación. Se destacan la baja en términos reales de subsidios económicos (-25,8%) y transferencias corrientes (-20,4%). Incluso las partidas vinculadas a la política de ingresos han perdido participación, pasando del 10,3% del PBI en 2019 al 11,6% del PBI en 2022, y cayendo al 9,8% del PBI el año pasado. El único rubro que muestra un aumento contra la inflación es el de gasto de capital (vinculado a la obra pública) con un avance del 20,5%. El achicamiento del gasto fue la alternativa para garantizar el cumplimiento de la meta fiscal sobre fines del 2022. Ya con ingresos tributarios que empezaban a menguar por la retracción en la actividad, el Ejecutivo tuvo que improvisar un ajuste que compensó la laxitud de la primera parte del año pasado. La quita de los estímulos fiscales no motivó tensiones al interior del Gobierno, dado que la cohesión interna mejoró con el ingreso de Massa. Todo hace pensar que en este 2023 el Palacio de Hacienda va a seguir su hoja de ruta fiscal sin mayores objeciones internas.
En materia de ingresos, la dinámica recesiva a la que se conduce la economía empezó a atentar contra los niveles de recaudación. Tres de los últimos cuatro meses registraron caídas en los ingresos genuinos contra la inflación, número que trepa a cinco de los últimos siete meses desde el inicio de la gestión Massa. Muy en particular ahora se están desplomando los ingresos vinculados al comercio exterior, fruto de las menores exportaciones por la sequía y menores importaciones por la falta de dólares. En febrero la reducción de estos ingresos escaló al 40% y contrasta fuerte contra el incremento en octubre y enero por efecto de las dos ediciones del Dólar Soja. Con saldos exportables deprimidos por los malos resultados de la cosecha gruesa, hoy ya se pone en duda la aplicación de una nueva preferencia para el complejo oleaginoso. Es posible que pese más la contrariedad del eventual efecto monetario, antes que maximizar los ingresos de dólares (y recaudación) vía aceleración de las liquidaciones. En última instancia, la urgencia por acumular dólares a cualquier precio se puede relativizar si hay acuerdo del FMI para flexibilizar el target 2023.
La dimensión política nos lleva a establecer hipótesis sobre cómo va a ingresar el oficialismo a estas elecciones: la economía va a presentar una altísima inflación, incipiente recesión y poco margen de dólares para evitar movimientos disruptivos en los mercados. Parece la tormenta perfecta. Con este escenario se explica que el Gobierno considere más conveniente dar la pulseada con el FMI para obtener las dispensas, antes que sufrir una mayor afectación sobre su competitividad en las presidenciales. Al fin y al cabo es postergar solo un año el problema, en un programa que es muy largo y posiblemente siga siendo por varias décadas una Espada de Damocles a punto de caer sobre Argentina.
