Para asegurar la continuidad de la segmentación de los subsidios energéticos para más de 108 mil hogares salteños, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un acta acuerdo con el secretario de Energía de la Nación Darío Martínez.
La firma del documento se concretó en la ciudad de Buenos Aires, donde el mandatario, junto al funcionario nacional, también analizaron la actualidad energética y marcha de la implementación de la segmentación tarifaria de los subsidios al consumo de gas y electricidad en Salta, ejecutada en base al trabajo realizado por la provincia.
En este ámbito, Sáenz afirmó que se continuará trabajando en este sentido ya que “entre todos lograremos valores de energía razonables, aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva”.
Cómo se implementa
Además de las familias ya contenidas, que se encuentran en el marco de la tarifa social realizada en la provincia en mayo pasado, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) trabaja para incluir otros sectores sociales en estado de vulnerabilidad y así poder mantener el beneficio.
Por ello Provincia y Nación trabajarán en la complementación de las bases de datos nacionales y provinciales para que todas las familias que tengan el derecho por su situación socioeconómica, accedan al beneficio.
De esta manera Salta enviará al organismo nacional el listado de usuarios registrados como veteranos de guerra, usuarios adjudicatarios de IPV, merenderos, comedores, jubilados, pensionados y otros sectores que puedan ingresar en este marco.
También estuvieron presentes en la firma el gobernador de Catamarca Raúl Jalil; Gonzalo Soriano, el subsecretario de Planificación Energética y Santiago Yanotti, vicepresidente de CAMMESA, entre otros.
El Ente Regulador y Recursos Hídricos avanzan con el control sobre la subprestación de agua en Salta
El Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta emitieron una resolución en conjunto para avanzar con la reglamentación en la subprestación del servicio de agua de las poblaciones que no se encuentran incorporadas al área servida por Aguas del Norte y son atendidas por terceros.
El ordenamiento ratifica las asignaciones de competencia, donde el ENRESP tiene la potestad de control sobre la verificación de instalación de macromedidores y fiscalizar la calidad, cantidad, salubridad y seguridad del agua que se sirve en estos aglomerados urbanos. Además, se impone el pago de seguros mínimos por la responsabilidad que implica la prestación del servicio. Todo ello en garantía y protección de los derechos e intereses de los usuarios finales de esos servicios que hoy se encuentran prestados de hecho sin tales recaudos.
En tanto, Recursos Hídricos tiene a su cargo la vida institucional de los consorcios en lo referido a su constitución, registro y todo proceso administrativo que se requiera, como así también informar sobre los cupos de dotación para cada desarrollo.
La decisión de ambos organismos obedece, entre sus principales fundamentos, a la necesidad de ordenar el crecimiento y la expansión demográfica en la provincia que influye en la carencia del agua en distintos conglomerados urbanos por agotamiento de fuentes o ausencia de infraestructura en los nuevos asentamientos poblacionales y la necesidad de cuidar adecuadamente el recurso vital.
La Resolución indica que se abrió un proceso con plazo de 60 días hábiles que se vencen a fines de septiembre, para regularizar la condición de todas aquellas fuentes de agua de las cuales se sirven algunos conglomerados urbanos para el abastecimiento poblacional que todavía no están registradas en el organismo.
Los operadores que no se adecuen al presente régimen y/o incurran en incumplimientos, estarán sujetos al régimen sancionatorio establecido por el Artículo 33 de la Ley 6835 y la Resolución ENRESP 616/22, graduándose las mismas desde leves, graves y muy graves con un máximo de multa de hasta $44 millones.
