Los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a quien le acercaron un borrador con una propuesta propia sobre la reforma laboral, con el objetivo que pueda remplazar el capítulo del DNU que quedó frenado por la Justicia. El oficialismo podría incluir el proyecto dentro de la nueva ley Ómnibus.
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La propuesta que recibió el Gobierno prevé beneficios para los sectores empresarios como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo y la simplificación del registro laboral. Asimismo, incluye la ampliación del periodo de prueba por seis meses sin derechos a indemnización y la eliminación de los aportes sindicales con los que se sustentan los gremios. También declara como "servicio esencial" a la Educación y obliga a los docentes a garantizar el 75% los puestos de trabajo en caso de huelga.
Esta iniciativa que impulsa el radicalismo, no fue negociada con el resto de los bloques de la llamada "oposición dialoguista", pero desde el sector confían en que habría un amplio consenso para avanzar con los puntos principales de la reforma presentada.
A través de un comunicado, los legisladores indicaron que "el mercado laboral presenta actualmente enormes desafíos: alta tasa de informalidad laboral, desempleo, precarización laboral, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por ello, es necesario actualizar el marco normativo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del país".
El presidente del bloque en la cámara baja, Rodrigo De Loredo, encabezó el grupo de legisladores radicales que también contó con la presencia de Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay.
Entre los puntos más controversiales de la normativa, será la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos. Algo que atraerá un amplio impacto político y abrirá un nuevo frente en la disputa con los gremios, ya que se trata de una de sus principales vías de financiamiento. "No es verdaderamente solidaria porque se incluye en los convenios colectivos y los trabajadores no pueden elegir no pagarla", justifican en el proyecto.
Además, la bancada radical propone la derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral (ley 24.013, ley 25.013 y ley 25.323) y una fuerte reducción de las multas por trabajo no registrado para calcular las indemnizaciones.
Los principales puntos de la reforma laboral radical
- Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: propone la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta cinco empleados.
- Libertad sindical: plantea eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad).
- Educación como servicio estratégico esencial: establece la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, y limita así los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
- Reducción de la litigiosidad: deroga los artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, que incluye aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción de las multas.
- Mecanismos sustitutivos de indemnización: establece por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
- Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
- Registro laboral: ordena implementar un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral.
- Periodo de prueba: extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.
