Según trascendió, el Gobierno Nacional, evalúa la posibilidad de suspender la reglamentación de la Ley de Alquileres, mientras se estarían analizando diferentes alternativas para regular el mercado inmobiliario en el país.
La Ley 27.551 se encuentra vigente desde junio 2020. la normativa fue votada por la cámara baja durante la presidencia de Mauricio Macri, en noviembre del 2019 y convertida en Ley en junio de 2020 durante la gestión del actual gobierno.
Luego de que se conociera que este tema se trató durante el encuentro que mantuvieron el Presidente, Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa, no tardaron en comenzar a circular los rumores de que la Ley sería suspendida o derogada, lo que generó una infinidad de reclamos e incertidumbre en el ambiente inmobiliario.
En relación a esto, Gervasio Muñoz, Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, contó en una entrevista para IP Noticias: “Hablé con el Presidente ayer y anteayer y me dijo que no hay una posición tomada” y agregó “me dijo que lo que se estaba informando en los medios no era cierto”.
Muñoz puntualizó en que hay sectores del Gobierno que están “operando permanentemente para dejar en claro que el mercado inmobiliario puede hacer lo que se le antoja” afirmó. En este sentido, el titular de la Federación de inquilinos dijo “hay un sector muy ensañado con que se le entregue el control al mercado. Pero hasta ahora no sucedió y la Ley sigue vigente”.
La Ley actual
La Ley 27.551 establece los derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios en los contratos de alquiler de inmuebles y locales comerciales. Entre los puntos más importante, regula la duración de contratos, actualización de los valores, las garantías y la resolución de conflictos.
Las principales disposiciones de esta reglamentación, son la ampliación del plazo mínimo de los contratos de dos a tres años para viviendas y de tres a cinco en relación a los locales comerciales. Establece también una actualización anual del precio del alquiler, mediante un índice que combina la inflación y la variación del salario. Además, limita el monto de la garantía a un máximo de un mes de alquiler y la obligatoriedad de registrar los contratos en AFIP.
Al momento, todos los contratos en vigencia y hasta su vencimiento siguen igual, según lo reglamentado en la normativa vigente.
