Tras la denuncia de la Inspección General de Justicia (IGJ) donde acusan que Patricia Bullrich hace uso de los fondos del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que sería en teoría sin fines de lucro, para financiar su campaña política, comenzaron los movimientos judiciales del expediente.
En primera instancia, la causa fue adjudicada por sorteo al Juzgado Civil Nº 19, subrogado por la jueza titular, Paula Andrea Castro. Desde el organismo de justicia denunciaron a la magistrada de tener simpatía por el Pro, razón por la cual solicitaron la recusación. La medida fue admitida por Castro y el caso fue remitido a la Cámara Civil para su nuevo sorteo.
En esta oportunidad, la adjudicación volvió a involucrar a una magistrada acusada de tener vínculos con el macrismo. Se trata de Alicia Beatriz Alvarez, a cargo del Juzgado Civil 28. El organismo que conduce Ricardo Nissen, volverá a pedir la nulidad del caso haciendo foco en los vínculos que unen a la magistrada con el sector opositor al que Bullrich pertenece y por no haber sido convocado a presenciar la reasignación del juzgado.
Qué denuncia la IGJ
En el documento presentado por la Inspección General de Justicia, explican que "Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata".
Los movimientos y pagos que se investigan
Los ingresos por seminarios y almuerzos comienzan a crecer desde mayo de 2021. En 2022, es cuando se convierten en la principal entrada de dinero de la asociación, aunque no hacen ninguna referencia a tales eventos. Las transferencias por la contratación no especifican el origen, o señalan de manera genérica "almuerzo" o "varios". De manera similar ocurre con la facturación, que dice, "seminario", sin especificar fecha, lugar, o la temática de la capacitación, ni el número de asistentes. La ONG también reparte formularios para "aportes/donaciones" con el título "seminario".
En relación a viajes que la líder del Pro realizo a las Provincias de La Pampa y Córdoba, la IGJ proporcionó una larga lista de empresas de ambas provincias y de las ciudades que Bullrich visitó, que pagaron sumas de entre 50.000 y 300.000 pesos.
Otros pagos sobre los que el organismo investigó, que rondarían la suma de 3 millones de pesos, involucran a miembros de la comisión directiva de la Sociedad Rural, a la Cooperativa Empresa Eléctrica Godoy Cruz y empresas como la aseguradora Mercantil Andina SA, El Banco Galicia, Sar Suela SRL, entre otros. Según la IGJ alrededor de 400 personas físicas y jurídicas pagaron por “seminarios”.
Según la resolución que firma Nissen, durante el año 2022, la asociación pagó pasajes aéreos a Salta, Mendoza, Bahía Blanca e incluye un costoso viaje a Miami, todos ellos relacionados a eventos políticos de Bullrich.
De los informes de la Inspección General, se destacan los pagos de las facturas de Telefónica de Argentina por cuatro líneas fijas que tienen como titular al partido Unión por la Libertad, liderado por la presidenta del Pro.
En los detalles de la IGJ, figura que la asociación pagó desde julio a diciembre del año pasado, 6.063.280 pesos a la consultora IQ4B.
Todas estas prestaciones están "estrechamente vinculadas a actores de la política, o al menos, ajenas a una asociación civil vinculada a la seguridad", según detalla la Inspección General de Justicia.
Por otra parte, se admitió una denuncia penal realizada por la asociación que preside Patricia Bullrich contra el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, por la filtración de los nombres de personas y entidades que realizaron sus aportes.
