La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, derogó las principales medidas de la gestión que encabezó Patricia Bulrrich como el protocolo Chocobar y la utilización de las pistolas Taser.
Según el Boletín Oficial que se publicó esta mañana, la ministra desmanteló varios reglamentos implementados por Bullrich, incluidos el Servicio Cívico Voluntario y el programa "Ofensores en Trenes", que daba el poder a las fuerzas de seguridad a pedir DNI a pasajeros en los trenes, medida que según uno de los artículos, "criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados".
No obstante, la medida más polémica fue el "protocolo Chocobar", dado que ampliaba las facultades a los efectivos para disparar sin siquiera mencionar la orden de "alto".
Frederic sostuvo en los considerandos de la resolución publicada esta mañana que atentaba "contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal" y que eso ponía "en peligro a las víctimas de los delitos, a personas ajenas al hecho y a los propios efectivos".
Como argumento para eliminar el uso de las pistolas Taser, desde el Ministerio consideraron que sólo regula de manera "vaga" y "genérica" su utilización.
"La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial, toda vez que no se delimita claramente la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde pueden realizarse las descargas, cuánto deben durar las mismas, si pueden reiterarse, la población sobre la cual su uso debe estar totalmente prohibido, cómo proceder ante una posible descompensación, qué controles médicos deben realizarse con posterioridad a fin de no padecer problemas en la salud, entre muchas otras circunstancias", advierte la norma.
Por último, Frederic también desterró el programa para que jóvenes de 16 a 20 años se formen "en valores" en Gendarmería, otra de las polémicas medidas anunciadas por Bullrich en conjunto con el exministro de Educación Alejandro Finnochiaro.
Desde el Ministerio, argumentaron que "las tareas encomendadas a esa fuerza son completamente ajenas" a sus competencias. Cuestionó, además, "la habilitación de un espacio de intervención entre una fuerza de seguridad militarizada con niños, niñas y adolescentes".
