El Gobierno nacional acordó un incremento salarial del 8% para los empleados de la administración pública y los organismos estatales en marzo. Sin embargo, la reunión de esta tarde, que buscaba cerrar este acuerdo, resultó en un conflicto entre los dos principales sindicatos estatales.
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El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la Secretaría de Trabajo y estuvieron presentes representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar.
Mientras que UPCN aceptó el aumento y resaltó que este representa un total acumulativo del 175,72% en el período junio 2023-marzo 2024, ATE rechazó la propuesta por considerarla insuficiente.
Además, desde el gremio denunciaron que la reunión fue utilizada como maniobra para suspender el paro de 48 horas previsto para esta semana en protesta por posibles despidos en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El rechazo de ATE
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre las consecuencias del paro: "Va a impactar fuerte en la economía y frenar por completo el comercio internacional de nuestro país". También criticó al Gobierno, expresando: "No vamos a aceptar que se nos responsabilice a los trabajadores por la afectación de las exportaciones y no vamos a permitir que se lleven adelante despidos ilegales".
En un mensaje dirigido a Milei, el dirigente sindical advirtió que volverán a rechazar la oferta si no garantiza la plea recuperación del poder adquisitivo perdido y no revisa la reincorporación de los trabajadores despedidos: "En tan solo tres meses su gobierno ha destrozado los salarios y las jubilaciones. Además, no se olvide que la propuesta debe contemplar la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de los 70.000 contratos que vencen a fin de mes. No creemos que en las negociaciones de hoy pueda existir algún acuerdo”.
En un tono desafiante, agregó: "Usted no va a cambiar y nosotros tampoco. Usted seguirá intentando debilitar el Estado para garantizar los intereses de las corporaciones, pero nosotros seguiremos profundizando la lucha", concluyó.
Posible ola de despidos: El Gobierno evalúa no renovar el contrato de 70 mil empleados estatales
El domingo 31 de marzo finalizan 70.000 contratos en el Estado y desde la Asociación de Trabajadores del Estado advierten que el Gobierno no los renovará.
Ante la inminente expiración de 70.000 contratos estatales el próximo domingo 31 de marzo, la tensión en el ámbito laboral en Argentina alcanzó un nuevo nivel. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierten que el Gobierno no tiene previsto renovar estos contratos, lo que podría resultar en una ola de despidos masivos que afectaría a miles de trabajadores en todo el país.
Como respuesta a esta situación, ATE convocó a una movilización para el próximo viernes y anunció la implementación de nuevas medidas de protesta durante la semana siguiente, en protesta por los significativos recortes salariales que se acercan.
"El 30% del total de personal del Estado nacional está quedando afuera al 31 de marzo, por eso el viernes hay una segunda movilización", expresó Tano Catalano, secretario general de ATE Capital.
Mientras tanto, el funcionario José Luis Espert, conocido por su propuesta económica radicalmente libera, reafirmó su postura con respecto a los recortes en el Estado. Se espera que su plan de reducción del gasto público, apodado "plan motosierra", cobre fuerza en este contexto de incertidumbre para los trabajadores estatales.
Los despidos ya comenzaron a materializarse, con alrededor de 11.000 trabajadores ya afectados en el sector estatal. El Gobierno, por su parte, confirmó la implementación de medidas de recorte en instituciones clave como el INCAA y el Ministerio de Capital Humano, lo que implica la pérdida de más de mil empleos adicionales.
Se espera que en los próximos días se oficialice un plan de despido más amplio, que afectaría a organismos como el Ministerio de Economía, la Secretaría de Cultura, el SENASA, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta última institución, en particular, alertó sobre el riesgo de cierre de estaciones meteorológicas como resultado de los recortes, lo que representaría "una pérdida de soberanía" y capacidad de predicción climática a nivel nacional.
