El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este lunes el envío de una “fuerza de seguridad internacional” en Haití, con el fin de ayudar a la policía local a combatir la creciente influencia de bandas criminales en el territorio.
La resolución nº 2699 fue aprobada por 13 votos a favor y 2 abstenciones (Rusia Y China) y será formalmente encabezada por Kenia. En los hechos, la misión está organizada y dirigida desde Washington con el apoyo de potencias como Canadá y Francia más otros países latinoamericanos.
No hay aún una fecha oficial para la entrada de las fuerzas extranjeras en Haití, aunque el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anticipó que estas comenzarán sus labores “en los próximos meses”.
La misión fue solicitada por el primer ministro haitiano, Ariel Henry, luego de meses de caos y violencia agravados tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021. En lo que va desde 2023 fueron reportados más de 3.000 homicidios y 1.500 secuestros, según la ONU.
Se especula que las organizaciones criminales dominan cerca del 80% de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y los alrededores.
La medida aprobada contempla un año de intervención, con una revisión después de nueve meses, señaló la agencia AP.
Si bien la resolución que autoriza el despliegue fue tomada en el seno de la ONU "se trata de una misión ajena a las Naciones Unidas”, ya que fue aprobada “a través de la disposición Capítulo VII de la Carta de la Organización, mediante la cual el Consejo puede autorizar el uso de la fuerza después de que se hayan agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales", indicó el organismo.
Según France 24, la “misión multinacional” está autorizada a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar la seguridad, lo cual implica que esta cuenta con el aval para el pleno uso de la fuerza en el terreno.
Gran parte de la población haitiana rechaza la intervención extranjera, ya sea de parte de la ONU como de las potencias occidentales. Esta considera que, lejos de intentar garantizar la paz y la seguridad, las sucesivas misiones foráneas han respondido a intereses propios.
Los habitantes tienen desagradables recuerdos recientes sobre las distintas participaciones “humanitarias” y “de seguridad” autorizadas durante las últimas décadas en el país. Desde la propagación del cólera, llevado al país por los cascos azules, y las violaciones a mujeres y niñas a cargo de estas mismas fuerzas, hasta la devastación económica y la corrupción (por ej. la malversación de los fondos donados tras el terremoto de 2010) atribuida a la injerencia estadounidense y francesa; sin olvidar las continuas intromisiones en los procesos electorales.
