El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la suspensión “momentánea” del proceso administrativo de transición democrática que llevaba adelante junto al gobierno actual hasta que se restablezcan "las condiciones políticas institucionales necesarias".
El Movimiento Semilla, partido ganador del ballotage representado por Arévalo, exigió la renuncia de las cabezas del Ministerio Público, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana, pidiendo que cese la persecución judicial en su contra.
El anuncio de Arévalo llega luego de que el mencionado órgano judicial ordenara un tercer allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se abrieran 160 cajas con votos emitidos en las elecciones generales del pasado mes de junio, en las cuales resultó electo el candidato del Movimiento Semilla.
"Es algo sin precedentes en Guatemala. La ley electoral no faculta a nadie poder abrir las cajas electorales, aperturar y ver que hay en las mismas, el escrutinio es exclusivo de las juntas receptoras de votos", sentenció Gloria López, directora electoral del TSE, horas después del allanamiento.
Según el Ministerio Público, la medida adoptada sobre la autoridad electoral se decidió a partir de la "denuncia de un ciudadano" que habría reportado "irregularidades" en el proceso electoral que llevo a Arévalo a la presidencia.
López explicó a la agencia AP que el contenido de cada caja no está digitalizado. “En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público... el TSE pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tiene responsabilidad de las mismas”, manifestó la funcionaria.
El gobierno de Alejandro Giammattei, por su parte, emitió un pronunciamiento sobre la decisión de Arévalo en un intento de desmarcarse del accionar de la justicia. “Esta es una decisión que respetamos pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo que no interfieren con el proceso que se había desarrollado a la fecha”, señala el comunicado, añadiendo que su administración mantiene la “disposición de retomar inmediatamente el proceso de transición en el momento en que las autoridades electas lo soliciten”.
De acuerdo con la Constitución guatemalteca, el presidente electo debe tomar posesión de su cargo el próximo 14 de enero. En relación a la decisión de suspender el diálogo de transición con el gobierno, Arévalo explicó que “de ninguna manera obstaculiza la continuidad del proceso legal de transmisión del poder” fijado constitucionalmente.
