Ingresamos en la tercera parte final del año y el Ejecutivo empieza a ajustar clavijas en los diferentes parámetros macro que pasarán por la evaluación del Fondo Monetario Internacional en el marco del programa de Facilidades Extendidas (EFF) refrendado en el mes de febrero. Hoy la observancia del acuerdo parece condición necesaria para mantener el delicado equilibrio financiero que se empezó a recuperar estas semanas. Cualquier señal de alejamiento respecto de esa hoja de ruta puede desatar nuevas tensiones en el mercado de cambios y desalinear las expectativas.
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El programa con el Fondo incluye exigencias explícitas sobre la política fiscal y su financiamiento, tanto como objetivos de acumulación de dólares para poder hacer frente a la devolución de los fondos desde 2026. Construye un sendero gradual hacia el orden de las cuentas públicas, empezando con una reducción más suave del déficit hasta el 2023 y consolidando una baja más agresiva en el último año con compromisos contrastables.
En el segmento de los pesos, el Ministro Massa deberá diseñar un esquema inteligente para frenar la velocidad sobregirada a la que viene viajando el gasto, minimizando la conflictividad social. Para este año el grueso del esfuerzo pasa por el recorte anunciado a los subsidios y por la reducción de transferencias discrecionales a Provincias. La reasignación de partidas definida la semana pasada en materia de Salud, Educación y Obra Pública aporta muy poco al ahorro consolidado; solo un 0,08% del PBI. En contraposición, se prevé un refuerzo de la política social en la parte final del año, para compensar a los deciles más bajos de la distribución del ingresos del tsunami inflacionario. De darse este escenario, aún existiría una brecha fiscal de $220 mil millones, por el equivalente a 0,3 puntos del PBI. Siempre está la posibilidad de pedir un waiver al Fondo, en caso que el desvío sea inevitable, pero todo hace pensar que Massa buscará por todos los medios garantizar el cumplimiento de la meta de déficit para consolidar la señal macro fiscal que contribuya al anclaje de las expectativas.
Asociada a la reducción del déficit público, el programa tiene exigencias fuertes en materia de monetización fiscal (emisión monetaria). En particular para este año se plantea una baja de 2,7 puntos del PBI, convergiendo al 1%. Sin dudas la política de financiamiento del presupuesto va a estar mucho más exigida en estos próximos meses. En materia de crecimiento del PBI también se dispone una evolución a partir de umbrales en relación a un escenario base. Con una media del 4% para este 2022, se trata de una hipótesis sumamente austera. De cumplirse se trataría de la primera vez en una década con dos años consecutivos de crecimiento. Es altamente factible, con un arrastre estadístico de entre 3 y 3,5 puntos.
Respecto al sector externo, el acuerdo postula un superávit de cuenta corriente muy módico para los próximos años, a tono con una compresión del saldo comercial, más déficit de servicios (principalmente turismo) y —posiblemente- mayor remisión de utilidades y dividendos hacia el exterior. No obstante, el punto de mayor tensión tiene que ver con la previsión de aumento de reservas netas en el orden de los U$S 5.800 millones. La anomalía de este 2022 en materia de precios internacionales impidió una acumulación más significativa de los dólares genuinos del saldo comercial de bienes. La brecha cambiaria también atenta contra este objetivo, dada la multiplicidad de distorsiones que genera por los incentivos a sacarle dólares baratos al Banco Central para venderlos caros en los segmentos alternativos. Con todo, es altamente probable que sobre este punto el Ejecutivo hace uso del pedido de un waiver parcial. Por las condiciones excepcionales de este año postergar para 2023 la pretensión de robustecimiento de las reservas netas.
Que los objetivos del programa se cumplan no garantiza un contexto económico ameno en términos sociales, de modo tal que un número creciente de ciudadanos perciban que su bienestar personal efectivamente mejora a la par de la macro. Evidencia de esto es la inflación, donde el FMI bloqueó toda posibilidad de hacer uso de anclas nominales. Ni el dólar, ni la tasa de interés, ni las tarifas pueden quedarse inmóviles en el contexto de inestabilidad nominal. El resultado en el primer semestre de implementación fue una notoria aceleración inflacionaria, que este año cerrará en la zona del 90%. Más allá de la evolución de los salarios reales, hoy el dato de aumento de precios es un elefante en el living que nadie puede ocultar. Con una inflación en estos niveles es imposible que se revierta la percepción de una economía maltrecha.
Se vienen meses complicados, con un Gobierno muy justo para cumplir los objetivos múltiples y garantizar adecuación perfecta a los parámetros del programa con el FMI. La posibilidad de construir el puente de liquidez en dólares sigue siendo la variable a considerar en la evaluación de escenarios disruptivos, además del mayor desafío del EFF 2022. El fin del invierno va a llegar, pero además de rezar al Dios del clima, el Ministro deberá mostrar extrema pericia y no cometer errores…
