La sequía se llevó puesto todo. La economía argentina ya sufría una debilidad extrema por la macro desordenada en el régimen de súper inflación, y llegó la estocada final. Como un efecto dominó, la magra cosecha primero afecta la producción y después achica las exportaciones junto con la recaudación de impuestos. No hay salidas mágicas de este laberinto. El Gobierno manotea todo tipo de fuentes de financiamiento alternativas y renegocia las pautas del programa en curso con el Fondo Monetario, pero nada parece suficiente.
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Este año los ingresos del sector público se desacoplaron del ciclo económico, que se sostiene en terreno positivo dada la baja incidencia del sector primario (explica menos del 10% del PBI). Mientras la actividad productiva general acumuló un avance del 1,5% en el primer trimestre del año, la recaudación impositiva se desplomó, presionando sobre las restricciones que enfrenta el Ejecutivo. Ocurre que el bloque de impuestos al comercio exterior es el cuarto en importancia en nuestra matriz tributaria, solo detrás del IVA, Ganancias y los ingresos de la seguridad social con asignación específica. El desplome en estos meses fue significativo: el ingreso por retenciones cayó 65,1% interanual en los primeros cinco meses del año, una vez ajustados por inflación. Se trata del flujo de ingresos más bajo desde el año 2018, cuando también tuvo lugar una mala cosecha y las alícuotas de los aranceles al comercio exterior eran mucho más reducidas. Con todo, 2023 apunta a ser el tercer peor registro de recaudación por retenciones en los últimos veinte años, atentando contra los ingresos generales.
La sequía golpeó por la triple vía. A la mencionada retracción de los ingresos genuinos se suma una caída del ingreso de dólares por las exportaciones de los principales granos y sus transformaciones. Proyectamos este retroceso en U$S 14.000 millones por todo concepto. También cuenta el menoscabo sobre el producto bruto sectorial, que se vislumbra con un cuatrimestre completo del indicador adelantado de actividad a la baja. La contingencia climática también presenta efectos indirectos por más de una vía. Estimamos una contracción adicional sobre el PBI del 0,3% por la menor producción de todos los sectores vinculados al agro, que acotarán su nivel de crecimiento o registrarán un retroceso. En ese bloque agrupamos a los proveedores de insumos, bienes intermedios y maquinarias, tanto como la logística y las industrias de transformación que procesan la producción primaria. Por último, proyectamos un impacto indirecto sobre la recaudación de 0,2% del PBI fruto de la mayor debilidad de todos los gravámenes vinculados a la actividad, como el IVA, Débitos y Crédito, Combustibles y otros.
El nuevo escenario reconfigura todo el programa fiscal para este año. El EFF 2022 con el Fondo Monetario exige una reducción del déficit a 1,9 puntos del PBI, equivalente a un recorte de 0,5 puntos en relación al cierre del 2022. Esta meta hoy está en reconsideración, y posiblemente se reformule antes del final de este mes. No se trata de una ambición desmedida de Argentina con su prontuario de incumplidor serial. El punto once del Memorando de políticas económicas y financieras del programa en curso contempla adaptaciones de los objetivos macroeconómicos frente a eventos inesperados. La mayor sequía en (por lo menos) cien años encuentra razón suficiente para encuadrarse en este criterio. En este marco, la definición más relevante será la magnitud de la dispensa fiscal. En lo que va del año el gasto se restringe 7% promedio ajustado por inflación y se posiciona 9,7% debajo del nivel del año 2017, previo al (re)ingreso al FMI. En cualquier caso, la modificación de parámetro fiscal 2023 no resuelve el problema de manta corta: una flexibilización suave requerirá un mayor ajuste del gasto; una flexibilización generosa exigirá mayor monetización y puede redundar en un empeoramiento de las expectativas.
La implementación de la tercera etapa del programa de incentivo exportador (Dólar Agro) terminó con mejores números que lo esperado. La liquidación de agrodólares ascendió a U$S 5.110 millones, con casi 30% concentrado en los dos últimos días. El saldo de este proceso fue una recaudación extra de $386 mil millones, o casi 0,3% del PBI. Claro que la contracara negativa es el efecto monetario expansivo. Se trata de más de $360 mil millones de pesos extra, que presionan parcialmente sobre los dólares paralelos. Si bien ese excedente monetario debería considerarse esterilizado por los dólares que generan, una porción de estas divisas se queman en el mercado para mantener a raya los precios del MEP y el CCL. El saldo es una famélica acumulación de reservas. De cara al próximo bimestre se empieza a evaluar la alternativa de un tipo de cambio preferencial para el maíz. Como aspectos positivos, en este cultivo aún se cuenta con saldos exportables de la campaña pasada y el daño de la sequía fue menor. La caída proyectada de producción para este año es de 37,3% contra un recorte del 49,1% para la soja. En tanto contrariedad, la incidencia del maíz en la canasta alimentaria doméstica es mucho mayor a la soja, lo cual podría motivar nuevos traslados a los precios internos.
Subiendo la lupa, la discusión fiscal comienza a posicionarse en el centro del debate económico. Tras las elecciones de este año se definirán las características del plan de consolidación del gasto y una eventual reforma tributaria. La tentación a programas de convergencia acelerada están muy a flor de piel en estos días. La mayoría pone el foco sobre los subsidios económicos vinculados a servicios públicos, sobre la asistencia social por la vía de transferencias y sobre una reducción del Estado para achicar su peso presupuestario. Los opositores más radicalizados también proponen una reforma jubilatoria para bajar el déficit previsional a largo plazo, terminando con la universalización de este sistema de reparto solidario. Es difícil elucubrar hoy sobre la dinámica que puede tener un programa muy contractivo en materia fiscal para el primer año de un nuevo Gobierno. Será relevante repasar la experiencia del período 2018/19, cuando la economía ingresó en una “trampa del ajuste”. El desplome de la actividad exigía una reducción del gasto cada vez más aguda para alcanzar un objetivo fiscal.
Volviendo a la emergencia del corto plazo, Massa hace equilibrio para construir el puente de dólares y pesos que permita cerrar el año. El programa financiero para cubrir el balance presupuestario viene muy justo en relación a lo acordado con el FMI. En caso de suavizarse, se deberá también ampliar el margen de emisión o recurrir a algún tipo de martingala contable para monetizar el financiamiento externo. Todo muy justo. La sequía fue el cisne negro que terminó de empujar a un Gobierno que nunca logró salirse de la urgencia permanente…
