El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loretta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012.
El pedido se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones por la expropiación.
El fondo estadounidense Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la Justicia falla a favor del fondo. El fondo quiere a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF.
La demanda que ya lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Loretta Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde.
El pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias, según información de Sebastián Maril, de Latin Advisors.
"En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", dijo Maril.
La ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’", indicó el experto.
Por qué está en disputa YPF y qué puede pasar
Esto es así porque, según detalló Maril, la Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".
Si el Gobierno tomase la decisión de no otorgar a Burford la mayoría accionaria, entonces podría entrar en tensión con el poder judicial de los Estados Unidos.
“Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años”, comunicó Maril.
Por último, cerró: “Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido”.
Embargos
A comienzos de marzo se supo que comenzaron a llegar los pedidos de reconocimiento de la sentencia, el paso previo a las solicitudes de embargos de bienes del Estado. Argentina apeló la medida, pero nunca presentó avales por los USD 16.000 millones y eso desencadenó el pedido de embargo y la actual solicitud de traspaso de acciones.
En los últimos días de 2023, el presidente Javier Milei habló del caso, y aseguró: “Hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”.
El mandatario dijo que va a proponer un nuevo impuesto para pagar la deuda con Burford. Lo bautizó: “tasa Kicillof”, por el gobernador bonaerense que era viceministro de Economía en 2012 y fue uno de los impulsores de la expropiación.
“Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados”, agregó.
