No son días serenos para la administración pública, a los conflictos políticos que genera el presidente Javier Milei, también se suman problemas de gestión y reclamos en distintos sectores de la economía. En el caso del transporte público, las empresas decidieron dar una paso adelante, y le enviaron una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo.
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Las empresas reclaman por una deuda enorme de 50.000 millones de pesos en concepto de subsidios y por un sistema de cálculo de tarifas y subsidios, inexacto. El Gobierno nacional habría cancelado desembolsos en los últimos meses en concepto de subsidios, como en el caso del sector energético, para poder mostrar un superávit financiero de dudosa veracidad.
La carta documento, enviada al ministro plantea: “La Secretaría de Transporte actualizó el pasado 26/2/24 el cálculo de los costos de la actividad con una nueva subestimación de los costos reales cuyas verdaderas magnitudes son fácilmente demostrables".
"La estructura de costos mencionada (Res ME 15/24) registra groseros errores de cálculo, motivando diferentes presentaciones en tal sentido de nuestra parte, ya que está subvaluada en contra de los operadores en un treinta por ciento (30%) aproximadamente lo que reduce los ingresos tarifarios y/o de compensaciones necesarias en igual proporción", agrega la misiva.
Deuda por subsidios
Acerca de la deuda que registra el Estado nacional con el sector, sostiene: "Agravando esta situación denunciamos también el ahogo financiero debido a que La Secretaría de Transporte de la Nación adeuda parte de la liquidación de compensaciones tarifarias de los meses de enero y febrero de 2024, por la suma de 50.278 millones de pesos".
"En este cuadro de situación la mayoría de las empresas no podrán abonar una suma no remunerativa de pesos $250.000 el próximo 15 de marzo de 2024 (según acuerdo salarial del 02/02/2024). Esto porque el 70% de nuestros ingresos son subsidios estatales y el 50% de nuestro costo es mano de obra”, agrega.
Y añade: “La continua subestimación de costos de la actividad, agravada con la resolución 15/24 del Ministerio de Infraestructura junto a la persistente mora en la liquidación de subsidios a v/cargo, que luego deben pagar las 3 jurisdicciones del AMBA, afecta así la propiedad privada, el patrimonio de las empresas, y la continuidad de este servicio declarado por el Propio Estado Nacional como “trascendental” en el DNU 70/23″.
De acuerdo a los empresarios del sector, "la sumatoria de actitudes disvaliosas está lejos de los lineamientos de la política económica del Poder Ejecutivo Nacional en otros rubros de la economía, donde “viene propugnando por una intervención menos dañina del Estado sobre la actividad empresaria, el respeto por el sistema de precios, el cumplimiento de la ley y las normas vigente con un irrestricto respeto por la propiedad privada de manera de favorecer las inversiones, la competencia y los niveles de servicio”.
“Es por eso por lo que solicitamos urgente regularización del pago de deudas, junto con un cambio de dirección en la política hacia el sector del sistema de transporte de la Región Metropolitana de Buenos Aires, para evitar una paralización no deseada por los operadores, pero la que no pueden evitar, habida cuenta que vuestra cartera es la que fija tarifa y retiene nuestra caja. Aguardando nos otorgue una urgente audiencia o solución al tema, saludamos al señor Ministro con atenta consideración”, termina la carta documento enviada al ministro Caputo.
El documento fue firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor que integran AAETA, CETUPBA, CEAP, CTPBA y CEUTUBA.