Según los datos del “Proyecto mirar”, que monitorea el cumplimiento de la Ley 27.610, reflejados en su reporte anual 2022, en el país incrementaron en un 98% los servicios de salud públicos que realizan interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo.
En el informe, sostienen que la investigación se propone monitorear la implementación de la política de aborto en Argentina, “para orientar el debate y las decisiones sobre qué hay que sostener y qué hay que mejorar en un país donde todavía hay desigualdad en el acceso y déficit en la calidad de la atención de la IVE ILE”.
Entre los datos aportados, se destaca que la cantidad de los efectores públicos que dan acceso a servicios de aborto en los dos primeros años de implementación de la ley, aumentó al doble. En tanto el número de prestaciones en el sector público se incrementó en un tercio entre primer y segundo año.
En el caso de provincias como San Juan, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Salta el aumento de acceso al aborto fue entre el doble y el triple.
Por otro lado, informaron sobre el fortalecimiento de la producción de misoprostol por laboratorios públicos y de su distribución, y la autorización para vender la mifepristona.
Los laboratorios provinciales que están fabricando misoprostol son el LIF de Santa Fe, pasó de 26.388 comprimidos en 2020 a los 1.083.600 en 2022. La mifepristona, junto al misoprostol, constituye el procedimiento más eficaz para realizar abortos, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal” del proyecto Mirar es coordinada conjuntamente por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y el "Ibis Reproductive Health", organización mundial de investigación y defensa que promueve la autonomía y respeto a la salud sexual y reproductiva.
En el reporte, identifican también que, desde que la Ley entró en vigencia el 30 de diciembre de 2020, “persisten las desigualdades” en el acceso al derecho porque hay provincias “que disminuyeron o mantuvieron la cantidad de servicios que realizan abortos y la producción de información sobre los resultados de la política sigue siendo deficitaria a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento”.
Según Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva del Cedes, “contar con información, analizarla y compartir las conclusiones es fundamental para la incidencia ciudadana en las políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, para que el aborto siga estando en la agenda política”.
En tanto, los investigadores revelaron que no todas las provincias producen informes de gestión para reportar las acciones y los resultados de la política de acceso al aborto.
Otro de los puntos a destacar del informe, es que las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto son la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta, 13 cada 1000 mujeres en edad fértil. En contrapunto, las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos IVE/ILE durante 2022.
Otro de los aspectos en los que indagó el informe, es la cantidad de profesionales de la salud que se siguen capacitando para garantizar el derecho al aborto. Según indicaron, 500 integrantes de equipos de salud completaron el curso virtual “El aborto en la Argentina: herramientas conceptuales y operativas para la implementación plena de la Ley 27.610”.
Además, cerca de 300 personas de equipos de salud participaron de capacitaciones presenciales en 12 provincias y se hicieron 5 capacitaciones virtuales sincrónicas sobre atención posaborto, actualización sobre aborto con medicamentos y estándares legales para la provisión de servicios de IVE ILE.
