En el día de ayer, una noticia causó impacto en todo el país, un comerciante de 35 años, abusó de una empleada de 18 años que realizaba su primer jornada laboral, en un negocio de uniformes en el barrio porteño de Balvanera.
Luego del pedido de auxilio de la joven a su madre, la policía acudió al lugar y encontró a Irineo Humberto Garzón Martínez, tal el nombre del abusador, al lado de la joven venezolana, quien se encontraba en un estado de confusión, presuntamente bajo los efectos de sedantes y psicotrópicos.
La joven luego reveló que en repetidas ocasiones le había ofrecido un vaso de gaseosa, al que ella se negaba, pero que finalmente alrededor del mediodía aceptó.
Irineo quedó detenido unas horas, pero luego fue liberado por la jueza Karina Zucconi, titular del juzgado número 15. La decisión de la jueza levantó polémica y la fiscal del caso, Silvana Russi, se opuso a la excarcelación
El abogado defensor del acusado aseguró que tenía arraigo en un domicilio fijo en la zona de Mataderos donde vive con su hermana “desde hace más de 14 años”, que no tiene antecedentes penales ni condenas anteriores, “trabaja en forma digna en su comercio”, que “ha dado trabajo siempre a mujeres y jamás tuvo problemas de este tipo en el que involuntariamente se encuentra involucrado desconociendo el porqué”. Pidió, así, una caución juratoria, “ello atento a que el imputado no posee bienes o fortuna”.
La jueza Zucconi consideró que la mera pena en expectativa no era un argumento suficiente para mantener preso al acusado. “No hay elemento alguno de momento que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia”, afirmó en su sentencia. Y consideró además, que su arraigo era dudoso. Así, le concedió la caución juratoria, una fianza bajo palabra, le prohibió acercarse a la víctima o contactarla, así como salir del país y lo obligó a presentarse mensualmente en el juzgado.
