Una nueva renuncia envuelta en un escándalo que involucra a alto funcionarios del gabinete nacional, se da en el marco los primeros cien días desde que Javier Milei, asumió la presidencia de la Nación el pasado 10 de diciembre. En esta oportunidad, fue el turno de Julián Suárez, director de Control y Fiscalización Pesquera, quien presentó su renuncia indeclinable luego de recibir aprietes desde Cancillería y de negarse a despedir personal.
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El ya exfuncionario, ostentó el mismo cargo durante la administración de Alberto Fernández, y por su experiencia e idoneidad, la Subsecretaría de Pesca, encabezada por Juan Antonio López Cazorla, había requerido su continuidad durante la actual gestión de La Libertad Avanza.
Es la segunda vez que el funcionario presenta su renuncia, ya que la primera fue el 10 de diciembre, ante el cambio de gobierno, aunque desde la administración libertaria le pidieron que continuara en su cargo de control y la fiscalización pesquera.
Es la segunda vez que el funcionario presenta su renuncia. La primera fue ante el cambio de gobierno, pero desde la administración libertaria le pidieron que se quedara porque no tenían ninguna persona que pudiera hacerse cargo del control y la fiscalización pesquera. Suárez accedió bajo la condición de que pudiera seguir trabajando como lo había hecho hasta ese momento, algo que en los últimos diez días quedó claro que no sucedería.
Su renuncia indeclinable, presentada ante el titular de la Subsecretaría de Pesca, llegó luego de algunos requerimientos que le ordenaron en los últimos días y que se negó a aceptar. Según trascendió, el viernes pasado, le solicitaron la confección de una lista con cincuenta nombres para ser despedidos.
Además, le pidieron preparar la desregulación del área de control a su cargo, y eliminar todas las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a diciembre del 2023.
El escándalo del buque factoría Tai An
Sin embargo, el hecho que más influyó en su determinación, probablemente fue el escándalo sobre el buque factoría Tai An, propiedad de una empresa argentina que en los últimos días fue denunciado por la pesca ilegal.
Tras la denuncia de las empresas Argenova, Estremar y Pesantar, sobre la situación del buque pesquero, el Director de Control y Fiscalización Pesquera, solicitó el derrotero del barco, antecedentes y parte de pesca electrónico para comprobar el ilícito. Finalmente, logró verificar que en ese momento el Tai An llevaba capturadas 142 toneladas de merluza negra, ordenó el inmediato regreso a puerto del buque.
Según trascendió, esta orden del funcionario chocó con los intereses de la Cancillería, que inmediatamente se comunicó con Suárez para de marcha atrás con decisión y permita que el Tai An continúe su recorrido. Ante la negativa del director de Control y Fiscalización Pesquera, comenzaron a surgir una serie de llamadas intimidatorias por parte de un funcionario muy cercano a la canciller Diana Mondino. Se trata, de Pablo Ferra, su sobrino político.
Ferra, fue quien lo intimó a dar de baja la orden y tras poner en conocimiento al subsecretario López Cazorla de la situación, este decidió acatar la orden de Cancillería y emitir una nota que solo requería al buque Tai An que abandonara la zona de pesca de merluza negra.
En los próximos días el buque Tai Anarribará al puerto de Ushuaia, y su propietario y presidente de Prodesur, Liu Zhijiang, adelantó que descargarán 163 toneladas de merluza negra, de las cuales, según la normativa vigente, 158 toneladas se capturaron en forma ilegal.
El pedido para confeccionar un listado de empleados para despedir
Según trascendió, Julián Suárez le dijo a López Cazorla que no sería él "el que ponga los nombres en la lista y deje familias en la calle", luego que desde el ejecutivo nacional le exigieran confeccionar un listado de 50 personas que serían despedidas de la dirección.
"Se cierra una etapa muy intensa en los últimos cuatro años para mí. Lamento la situación porque mis compañeros están muy mal, en estos tres meses logramos algunos avances en cuanto al personal, pero hay gente que, al igual que los trabajadores del INIDEP, solo han cobrado enero", señaló el ex funcionario tras presentar su dimisión.
Asimismo, agregó: "Algunos llevan treinta años trabajando para esta estructura y no saben si quedarán en la calle, sin ninguna posibilidad de reinserción debido a la situación actual del país y su edad. Estamos hablando de cincuenta familias que quedarán en la calle".
