El Estado nacional, y en particular Javier Milei junto a la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, fueron condenados por la justicia federal de Corrientes por haberle retirado, mediante datos falsos, los planes Potenciar Trabajo a aproximadamente 500 correntinos. Las autoridades habían acusado a estos ciudadanos de fraude, argumentando que no les correspondía el plan por ser empleados provinciales. Sin embargo, esta afirmación resultó ser falsa, ya que algunos de ellos habían estado contratados hace 10 o 20 años.
La justicia no solo ordenó que los beneficiarios continúen recibiendo el plan, sino que también se les paguen los cuatro meses que no recibieron, sumando los intereses correspondientes. Los afectados iniciarán una demanda por daños y perjuicios, calumnias e injurias contra los funcionarios, ya que fueron incluidos en una lista de supuestos defraudadores del Estado.
El caso fue dado a conocer este martes por el periodista correntino Javier Burchinsky, mientras que los trabajadores afectados fueron representados por Juan Manuel Cubilla Podestá. El juez federal Juan Carlos Vallejos, que intervino a principios de año, había emitido una medida cautelar para que el Estado restituya los planes a los trabajadores, pero se negó a ordenar el pago de los cuatro meses adeudados. Ahora, la Cámara de Apelaciones —integrada por Mirtha Sotelo, Serva Spessot y Luis González— ha reconocido el carácter alimentario del plan y ha ordenado el pago de lo que no se había abonado. Los afectados incluyen albañiles, carpinteros, costureras y personas que trabajaban en cocinas o en limpieza.
Un modus operandi injurioso
El Estado nacional utilizó un listado, supuestamente enviado desde Corrientes, que incluía a quienes alguna vez fueron empleados provinciales. Al parecer, la nómina contenía solo los datos de altas y no de bajas, lo que llevó a acciones contra personas que habían trabajado en la provincia en 1997 o 1998, o que fueron docentes suplentes por un corto período y que ya no formaban parte del plantel provincial desde hace años, en algunos casos, hasta dos décadas. Lo grave es que estas personas fueron señaladas como estafadoras, y sus nombres fueron publicados en el Boletín Oficial e incluso aparecieron en medios porteños afines al Gobierno. Por ello, con el apoyo del estudio Cubilla Podestá, buscarán un resarcimiento.
Esta maniobra, condenada por la justicia, es típica de la administración Milei. Cuando se le reclama por los planes, los fondos o los presupuestos, la respuesta es hacer denuncias en lugar de atender las necesidades. Este patrón también se ha observado en la gestión de los comedores comunitarios, donde se exigía el envío de alimentos, y el ministerio de Pettovello respondía con acusaciones contra comedores que, supuestamente, no estaban registrados correctamente.
Excusas falsas para ajustar
Es evidente que las organizaciones sociales no apoyan ningún engaño o fraude; sin embargo, las acusaciones de Milei y Pettovello son solo una excusa para no enviar los fondos o desconocer derechos. Esta misma táctica se aplica ahora en la Casa Rosada respecto a las universidades. Cuando se reclama por la pérdida del 45 por ciento de los ingresos de los profesores o se debate el drástico recorte presupuestario para 2025, el Gobierno cambia el enfoque y menciona auditorías. Las universidades han respondido que sus cuentas están siendo controladas y no hay inconveniente en que sean evaluadas por la Auditoría General de la Nación. No obstante, Milei continúa insistiendo en que "son todos chorros", evadiendo lo crucial: que está ahorcando a las universidades y a centenares de miles de estudiantes.
