Al grito de “Justicia, basta de quitas”, este miércoles personas con discapacidad y sus familias realizaron una marcha en distintas ciudades del país para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y exigir al Gobierno de Javier Milei que frene las políticas de desfinanciamiento que afectan derechos esenciales.
La movilización, que comenzó frente a la Residencia Presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, arrancó con un emotivo abrazo simbólico a la quinta presidencial, en un acto que reflejó el reclamo urgente de atención a las demandas de este colectivo.
La movilización se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, Mendoza, Tucumán y Córdoba, donde los manifestantes se concentraron en distintos puntos clave, destacando la problemática que no solo afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también al trabajo de quienes sostienen las instituciones y servicios fundamentales para su bienestar.
El colectivo rechaza las reducciones presupuestarias, las campañas de desprestigio y las políticas que afectan a las personas con discapacidad, exigiendo respeto por sus derechos y un compromiso real para avanzar hacia su inclusión social.
La preocupación por el recorte en discapacidad
“Hemos pasado muchísimos gobiernos y muchísimas políticas de Estado, pero nada tan cruel como esto. No queremos que ajusten el presupuesto a nuestros hijos. Nadie que nace con un problema quiere tener esto y estar aquí. Pedimos por favor que sean mantenidos nuestros derechos”, sostuvo una de las asistentes en diálogo con C5N.
Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y miembro del Foro Permanente de Discapacidad, expresó su preocupación por los recortes en las pensiones no contributivas, un recurso esencial para muchas personas con discapacidad.
“La reducción de más de 177.000 pensiones No Contributivas, como consecuencia del Decreto 843, significa que muchas personas quedarán sin este recurso fundamental para acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna. Además, los aranceles prestacionales establecidos por la Ley 24.901 solo aumentaron un 2,4 %, lo que afecta gravemente a las instituciones, profesionales y transportistas que sostienen las prestaciones”, advirtió Maidana.
Las principales demandas del sector
Entre las exigencias más urgentes, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló:
- "Eliminación del Decreto 843/24, que significa un retroceso en materia de adjudicación de Pensiones No Contributivas ya que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad. Con esta decisión, muchas personas con discapacidad pueden perder este recurso que les permite un apoyo para su vida y su atención. El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional plantea una quita de 177.740 pensiones para 2025.
- Aumento de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025.
- Aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte. Los aranceles actuales no están conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva a una gran crisis del sector prestacional. Con los aranceles actuales se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos.
- Una Ley que establezca una Asignación Universal por Discapacidad.
- Cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado establecido por Ley.
- Recomposición del sueldo de los trabajadores de los Talleres Protegidos, que actualmente es de $28.000 sin ningún aumento desde febrero de 2023.
- Continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad.
