El expresidente de la Nación Mauricio Macri, presentó este miércoles un escrito mediante su abogado en la causa judicial que lo investiga como líder de una asociación ilícita destinada a acorralar al Grupo Indalo y apeló la decisión de la jueza María Servini de ordenar un entrecruzamiento de llamados respecto de sus teléfonos y los de integrantes de la denominada “Mesa Judicial M” entre 2016 y 2019.
Según reveló el periodista Gabriel Morini en ámbito.com Pablo Lanusse, el abogado del exjefe de Estado busca paralizar la decisión de la magistrada que dispuso que la Dajudeco realice un cruce de comunicaciones, con el fin de corroborar la existencia de presiones que torcieran las decisiones administrativas y judiciales en el marco de la causa Oil Combustibles.
En el escrito que incluye duros términos contra la magistrada, Macri busca que se deje en suspenso el peritaje y que sea la Cámara Federal la que tome el control de la investigación, algo inviable ya que es Servini quien tiene a su cargo la recolección de pruebas.
Macri pidió además acceso a documentación reservada de la causa y calificó lo dispuesto por Servini como "arbitrario" y "exorbitante".
Servini había pedido que se crucen los teléfonos de Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, y de los ex AFIP Alberto Abad, y Leandro Cuccioli, en el marco de la causa “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”.
Así también como de los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner, que aparecieron como eventuales compradores de los activos del Grupo Indalo y serían cercanos a los miembros del Gobierno de Cambiemos, según especifica el descargo.
La jueza pidió que además de los cruces en fechas estratégicas entre 2016 y 2019, se realice la detección de la activación de las antenas de telefonía celular para determinar las ubicaciones de Macri y el resto de los investigados por la ubicación de las celdas.
“Deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”, determinó la magistrada en la orden que cursó a la Dajudeco.
Sin embargo, el expresidente mencionó que no fue notificado y que todo esto le causaría “perjuicios irreparables” por la fundamentación “meramente aparente, vaga e imprecisa”. Servini las fundó en que “las diligencias aquí ordenadas permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”.
