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Patricia Bullrich busca entorpecer la búsqueda de los niños robados durante la dictadura

La ministra de Seguridad dice que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) --creada en 1992 y dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos-- no tiene facultades para investigar y viola la intimidad de los efectivos de las fuerzas de seguridad.

Lunes, 27 de mayo de 2024 a las 17 14

Por Redacción

Lunes, 27 de mayo de 2024 a las 17:14

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich le negó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)  la posibilidad de acceder a legajos de efectivos de las fuerzas de seguridad federales para investigar el destino de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado.

La funcionaria y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, trabajaron este domingo para rechazar un pedido de acceso a documentación que habían hecho desde la CONADI, el organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creado en 1992 –en el gobierno de Carlos Menem– a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo.

La Conadi había pedido al Ministerio de Seguridad diversos legajos de los efectivos de las fuerzas, una práctica que venía llevando a cabo de manera ininterrumpida desde la creación de la unidad,  que les fueron negados. “En primer lugar –expresa la nota de Seguridad–, debemos señalar que un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del ministerio en el que ha sido creado”, apuntaron.

La contestación de la ministra, respaldados por el jefe de Gabinete, argumenta también sobre “la improcedencia de un pedido que demanda información indiscriminada únicamente para saber si entre cientos de legajos de las fuerzas, la comisión hipotéticamente pueda encontrar algo que le sirva”.

Resulta absolutamente inadecuado –enfatiza la nota de la ministra Bullrich– que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiera información indiscriminadamente a otros ministerios”.

Según la cartera, “ese procedimiento, por sí mismo objetable, resulta aun más grave si se toma en cuenta que, de los términos de la solicitud, no aparece que se esté demandando un dato preciso unido a una pista certera, algo que de todos modos debería hacer el Poder Judicial”. 

Petri también contra la CONADI

Otro miembro del gabinete nacional, el ministro de Defensa, Luis Petri, desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que habían sido creados en 2010 para responder a los requerimientos de los juicios por delitos contra la humanidad. En la última semana, el ministro le dio su visto bueno a los actos reivindicatorios de la dictadura  que realizó un grupo de suboficiales retirados de la Marina que entraron a la EXESMA por el acceso del Museo Malvinas. En ese sentido, su número dos, Claudio Pasqualini, dijo que había que dejar atrás el pasado mientras hablaba de “guerra sucia”, organizaciones “subversivas” y de fallas “humanitarias” por los represores que están en la cárcel.

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Función de la CONADI

La CONADI fue creada por ley y dentro de la comisión, por decreto, hay una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y, a partir de ella, poder eventualmente iniciar investigaciones, puntualmente, sobre presuntos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con la apropiación de niños durante la dictadura. Todo esto, sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona.

La situación de la CONADI fue planteada como una preocupación por Abuelas de Plaza de Mayo en una audiencia ante el Senado, ya que integra el universo de organismos estatales que podrían ser eliminados por decisión de Javier Milei si se aprueba, tal como está, la ley Bases. Lo mismo sucede con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), conformado durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

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