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Milei ya puede avanzar con el proceso para vender ocho empresas públicas

En el Boletín Oficial de este lunes, el Gobierno reglamentó cómo deben ser las privatizaciones de las empresas del Estado.

Lunes, 05 de agosto de 2024 a las 14 48,

Por Thomas Dos Reis

Lunes, 05 de agosto de 2024 a las 14 48,

El Gobierno Nacional ya podrá avanzar en los procesos de licitación de privatización total o parcial de ocho empresas públicas contempladas en la Ley Bases, tras haber dictado un decreto donde se establece el mecanismo para la venta de esas firmas públicas.

La medida se formalizó este lunes a través del Decreto 695, publicado este lunes en el Boletín Oficial bajo las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La reglamentación fija los procedimientos específicos a seguir para privatizar empresas estatales, que incluye la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas.

“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”, señaló esta mañana Federico Sturzenegger, principal ideólogo de esta reforma profunda. Entre las compañías que el Gobierno aceptó eliminar del mega proyecto (las excluidas) se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).

Cuáles son las 8 empresas estatales que serán privatizadas de forma total, parcial o podrán ser otorgadas en concesión

Este lunes, el Gobierno instrumentó el esquema previsto que tendrá a cargo el ministro de Economía, Luis Caputo, para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas:

  • Energía Argentina (ENARSA)
  • Intercargo
  • AySA
  • Belgrano Cargas
  • Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
  • Corredores Viales
  • Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
  • Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Cómo es el proceso para privatizar empresas públicas

En cuanto al procedimiento y las normativas, el texto publicado en el Boletín Oficial detalla que el proceso de privatización se inicia con un informe detallado que "el ministro o secretario de la Presidencia, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar, deberá elevar al Poder Ejecutivo". Este reporte deberá debe incluir:

  • El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
  • El procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa.
  • La posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada con detalle de los sujetos adquirentes y proporción de capital accionario.

Una copia de este informe detallado deberá ser enviada a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Congreso de la Nación para avanzar con el proceso.

La convocatoria para presentar ofertas en los procedimientos de selección de la privatización deberá publicarse en el Boletín Oficial durante un período de siete días. La última publicación debe realizarse al menos treinta días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

El llamado también se hará a través del sitio web de la autoridad de aplicación desde el inicio de la publicación en el Boletín Oficial. En el caso de los procedimientos internacionales, se requiere publicación en al menos un sitio web accesible para interesados extranjeros durante tres días, con al menos 45 días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.

La falta de tasación debe justificarse en un informe detallado; en caso de que sea realizada por entidades privadas, nacionales o extranjeras, deberán contar con reconocida trayectoria. Por supuesto, deberá realizarse un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Antes de la formalización de los contratos, será obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

Finalizado el proceso de privatización, la Autoridad de Aplicación deberá remitir las actuaciones correspondientes a la Auditoría General de la Nación para un examen final, con el que se busca asegurar la transparencia y adecuación del proceso.