El Gobierno Nacional comenzó una amplia auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, con el fin de detectar y corregir irregularidades en la asignación de estos beneficios.
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La medida podría resultar en la baja de entre 120.000 y 160.000 pensiones en los próximos meses, afectando a una parte imortante de los actuales beneficiarios. Esta iniciativa, liderada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), busca asegurar que solo quienes cumplen con los requisitos legales mantengan el apoyo estatal.
El plan de revisión comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y se está extendiendo gradualmente a la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país. De los cerca de 400.000 casos en revisión, se estima que alrededor del 35% presenta incompatibilidades que podrían llevar a la suspensión de los pagos.
El Gobierno elimina más de 120.000 pensiones: ¿A quiénes afecta?
Las incompatibilidades encontradas son variadas, desde la posesión de bienes no declarados, como vehículos o propiedades, hasta la existencia de empleos formales que los beneficiarios no informaron. En algunos casos, incluso se descubrió que las radiografías presentadas pertenecían a animales y no a humanos, lo que demuestra el nivel de fraude en algunos de estos expedientes.
Diego Spagnuolo, director de ANDIS, explicó que la revisión busca “restaurar la transparencia en el sistema” y asegurar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan. Spagnuolo subrayó que el objetivo de las auditorías no es perjudicar a los beneficiarios genuinos, sino depurar el sistema de pensiones de casos fraudulentos.
Las pensiones en cuestión están destinadas a personas con problemas de salud que les impiden trabajar y no poseen otros ingresos. Sin embargo, son incompatibles con otras asistencias del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Quiénes perderán el beneficio y por qué
Diego Spagnuolo, director de ANDIS, explicó que la revisión busca “restaurar la transparencia en el sistema” y asegurar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan. Spagnuolo subrayó que el objetivo de las auditorías no es perjudicar a los beneficiarios genuinos, sino depurar el sistema de pensiones de casos fraudulentos.
Las personas que podrían perder el beneficio son aquellas que no cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente, como la falta de una justificación médica válida, la posesión de bienes significativos o la percepción de otros ingresos del Estado.
La normativa actual también establece que estas pensiones no son compatibles con otros beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Además, desde el Gobierno están presentando denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La ANDIS, en conjunto con el Ministerio de Salud y la justicia, busca depurar el sistema y sancionar a quienes hayan cometido fraude.
