El diputado del PRO Francisco Sánchez pidió que a la vicepresidenta Cristina Kirchner se la juzgue como un delito de "traición a la Patria", en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz, y fue más allá y exigió: "Merecen la pena de muerte".
Luego que el fiscal Diego Luciani solicitara al Tribunal una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos por parte de la exmandataria, el legislador en representación de Neuquén hizo público su rechazo al advertir que la sanción es "diminuta".
"12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria", publicó en Twitter el dirigente neuquino.
Con esta postura, Sánchez se sumó a los miembros de Juntos por el Cambio que decidieron presionar a los jueces que deberán juzgar a Cristina Kirchner: desde la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pasando por la exgobernadora María Eugenia Vidal y el diputado Mario Negri.
Persecución judicial
En el último día de alegato de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Además solicitaron el decomiso de bienes de la vicepresidenta.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita" a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.
A lo largo de su alegato, los fiscales acusaron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia.
Los fiscales además pidieron penas similares para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido -pedido de 10 años de prisión-; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López -10 años-; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
También para el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a "instituciones de bien público". "El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó. Luciani reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”.
