El bloque de senadores del PRO, encabezado por Luis Juez, presentó formalmente una propuesta para extender el congelamiento de sus dietas parlamentarias hasta marzo de 2025.
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La solicitud fue dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, a través de una carta que ingresó el pasado 27 de diciembre.
En el texto, Juez explicó que esta medida busca “reflejar una actitud responsable y ejemplar” frente a la actual situación económica del país. Además, remarcó que tanto él como los legisladores de su bancada renuncian a recibir cualquier aumento salarial una vez que termine el congelamiento vigente, que expira el próximo 31 de diciembre.
El PRO propuso mantener congelados los sueldos del Senado: los motivos
“Si no hay una sesión extraordinaria que modifique la resolución tomada en su momento sobre el congelamiento, basta con un decreto de Villarruel prorrogando el congelamiento hasta que el Senado se vuelva a juntar”, aseguró Juez en diálogo con Infobae.
Según el senador, la presentación de la carta apunta a “evitar cualquier tipo de especulación” en torno al tema.
Desde el bloque apuntaron a que esta postura está en línea con su rechazo previo al aumento de dietas aprobado en una polémica sesión de abril, en la que oficialismo y oposición acordaron un nuevo esquema salarial para los legisladores.
En aquella oportunidad, el cordobés aseguró: “Somos los únicos senadores que nos opusimos a esa bochornosa sesión donde se aumentaron el sueldo los senadores. En esto hemos tenido una coherencia que no ha tenido nadie, ninguna otra bancada”.
En abril, los senadores aprobaron un esquema que estableció sus salarios en 2.500 módulos, con sumas adicionales por representación y desarraigo. Este sistema elevó las dietas brutas a más de $7 millones mensuales.
Sin embargo, tras una fuerte polémica por el impacto del último aumento, el Senado resolvió congelar los sueldos hasta diciembre de este año.
En medio de la política de ajuste de Milei, los senadores aumentarán su sueldo y cobrarán $9,5 millones desde enero
El 31 de diciembre vence el congelamiento de las dietas de los senadores por lo que a partir del 1 de enero los sueldos de los legisladores de la Cámara Alta aumentarán a $9,5 millones mensuales. La suba es producto de la la ley de enganche salarial, que establece que los salarios de los legisladores se actualice en función de las subas otorgadas a otros trabajadores del sector público.
Actualmente, el sueldo de un senador ronda los siete millones de pesos mensuales. En algunos casos, el cobro es mayor debido al pago por desarraigo, como los legisladores del interior del país. Si no se trata el congelamiento de las dietas, se reactivará el controvertido mecanismo de actualización de dietas aprobado en abril.
Luego de que se trate la expulsión del senador Edgardo Kueider en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel pidió el tratamiento del congelamiento de los salarios de los legisladores y en declaraciones con la prensa sostuvo que "entendiendo el esfuerzo inmenso que está haciendo la población, desde lo económico, creo que debemos estar a la altura y por eso deben estar congeladas las dietas de los senadores”
El proyecto de Unión por la Patria
En abril, el bloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans, presentaron un proyecto que buscaba establecer un tope máximo a los sueldos de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, órganos extra poderes y empresas y sociedades del Estado.
Mayans explicó que “se busca fijar un principio de coherencia y uniformidad en las remuneraciones percibidas por la totalidad de las autoridades superiores y funcionarios que conforman los tres poderes del Estado”.
“Se establece que el debate respecto a la escala remunerativa y la posterior evolución deberá concretarse y llevarse a cabo en el ámbito del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, sin degradar los ingresos de agentes, trabajadores. Pretendemos así brindar parámetros claros a los fines de que las remuneraciones de quienes se encuentran ocupando lugares de decisión puedan ser objetivamente validadas, pero separando estas responsabilidades/retribuciones de las de trabajadores públicos”, sostuvo el legislador.
