El Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó su más enérgico repudio ante las recientes detenciones realizadas durante las manifestaciones en el Congreso de la Nación contra la aprobación de la Ley Bases.
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Mientras, organismos de derechos humanos, legisladores y sindicatos realizaron este viernes un nuevo reclamo por su liberación, luego de la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad mientras se discutía el proyecto en el Senado.
Actualmente, 33 personas permanecen detenidas bajo acusaciones de sedición y atentar contra el orden constitucional. Varias de estas personas fueron trasladadas recientemente al Centro de Detención Federal N° 28, bajo la custodia de la Policía de la Ciudad.
El comunicado del PJ de la Ciudad de Buenos Aires exigiendo la liberación de los detenidos y detenidas en Congreso
El partido se sumó a los pedidos y consideró inaceptable que, en el marco de la libertad de expresión y manifestación pacífica, se haya recurrido a la represión y a la detención arbitraria de ciudadanos y ciudadanas ejerciendo sus derechos fundamentales.
"Es imperativo investigar a fondo las circunstancias en que se produjeron los hechos de violencia, así como la identidad de los individuos involucrados. Existen antecedentes de infiltración en eventos similares por parte de personal vinculado a ciertos sectores periféricos de fuerzas de seguridad, lo cual debe ser esclarecido con rigor", subrayó el comunicado.
El PJ expresó su profunda preocupación por la solicitud de prisión preventiva para algunos detenidos, argumentando que esta medida debería ser utilizada únicamente en casos excepcionales y debidamente justificados, respetando siempre el principio de presunción de inocencia. "Revivir escenas de represión en pleno siglo XXI constituye un lamentable retroceso para nuestra sociedad y para nuestra democracia", afirma el texto.
Finalmente, el comunicado demandó la inmediata liberación de todas las personas detenidas injustamente durante las manifestaciones y hace un llamado a las autoridades para que respeten y protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos. "Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y con el fortalecimiento de nuestra democracia", concluyó el comunicado.
ATE también emitió un comunicado exigiendo la liberación de los detenidos
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al igual que el PJ, expresó "su más enérgico repudio a la represión y las detenciones ilegales que se sucedieron el pasado miércoles 12 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de las protestas contra la sanción de la Ley Bases en el Congreso de la Nación y demanda la urgente liberación de las personas detenidas".
Según el comunicado emitido por ATE, "al menos 36 detenidos (23 varones y 13 mujeres) y por lo menos 200 heridos y heridas, respecto de lo cual se destaca el uso permanente de gases pimienta directo a los ojos de manifestantes, periodistas y diputadxs, también el uso de balas de goma hacia el rostro de los manifestantes, en especial un periodista con heridas en el entrecejo, y gases lacrimógenos vencidos”.
La organización sindical junto con otras entidades de derechos humanos, sociales y políticas, se pronunciaron durante una conferencia de prensa en la sede porteña del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), denunciando el uso indiscriminado de armas como gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma, bastones y camiones hidrantes durante la dispersión de los manifestantes.
Las críticas hacia las autoridades también se extendieron por el tipo de armamento empleado, como camiones hidrantes y el uso indiscriminado de balas de goma que resultaron en heridas graves, como las sufridas por un periodista alcanzado en el entrecejo.
Siguen presos los detenidos de la marcha en plaza Congreso
En ese listado hay una familia que vendía empanadas, un vendedor de choripán y una señora que filmaba la represión. Están acusados de sedición y ataque al orden constitucional.
El miércoles al atardecer la Oficina del Presidente hizo un posteo en la red "X" donde felicitaba a las fuerzas de seguridad "por su excelente accionar reprimiendo" a quienes llamó "grupos terroristas" "que intentaron perpetrar un golpe de Estado". Se refería a las cientos de personas que habían ido protestar contra la Ley Bases en las cercanías del Congreso. El texto era grotesco pero los términos seleccionados anunciaban una estrategia de persecución judicial.
A algunos detenidos les abrieran causas en los tribunales de Comodoro Py. Quedaron a disposición de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió prisión preventiva para todo y les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional y "atemorizar a la población" (léase: terrorismo)
Para Pato Bullrich se intentó un “golpe de estado moderno"
El día post votación la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la comunicación oficial. Dijo que hubo un "golpe de Estado moderno". Lo definió como "el desgaste permanente para tratar de generar una situación para que el Estado pierda la capacidad de acción", su forma particular de entender la crítica popular a una ley promovida por una administración empobrecedora.
"Lo que pasó ayer es el kirchnerismo, la izquierda y los convocantes sindicatos, que se fueron temprano, se lo agradecemos, pero que tomen conciencia que son los provocadores de violencia", cargó. Se jactó de que las fuerzas a su cargo (estuvieron Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal) actuaron "excelente", "con profesionalidad, con prudencia, pero sin dudar de que cuando hay que ir, atacar y no dejar que te tomen el Congreso...". Ya entonces deslizó que pediría que se acuse a los manifestantes de sedición.
Algunos de los detenidos
Bajo la acusación de Stornelli habían sido indagadas, con defensa oficial, las 10 primeras personas (tres mujeres y siete varones) denunciadas en la justicia federal. Todas pidieron ser excarceladas. Aún no tuvieron respuesta. Entre ellas hay una familia que vende empanadas y bebidas (abuelo, hija y nieta), un vendedor de choripanes, una mujer de 59 años que grababa la detención de uno de ellos, un joven que hablaba por teléfono apoyado en una valla, otros que simplemente se estaban manifestando, y tal vez el hecho más "grave" era el que se le adjudicaba a alguien que le gritó a un policía.
Entre los arrestados en el ámbito porteño hay una mujer acusada de quemar una bicicleta del gobierno porteño y habría un hombre que llevó una granada trucha. El Ministerio Público de la Defensa pidió la libertad de las 10 personas a las que patrocina, pero que pasan a Comodoro Py.
Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, publicó en "X": "comparto la preocupación ante las detenciones de tres estudiantes de nuestra comunidad: Sasha Iyardet, Camila Juárez y Nicolás Mayorga". "Como manifestamos ayer en el Consejo Interuniversitario Nacional, a través de su red Interuniversitaria de Derechos Humanos --añadió-- 'nos produce tristeza y estupor revivir escenas de represión que repudiamos y constituyen un doloroso retroceso que intenta acallar voces disidentes'".
Ninguna de las personas detenidas estaría, según fuentes judiciales, el autor/a del incendio del auto de Cadena 3, antes volcado por un grupo de hombres, que el Gobierno incluye entre los actos terroristas. En las filmaciones del hecho no se ve intervenir a ningún agente. Pero a algunos de los provocadores se los ve pasar el vallado para juntarse con policías.
