El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, y el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y FADD, pidieron hoy en la Justicia argentina que se ordene la “inmediata orden de detención internacional” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante presuntos delitos de lesa humanidad, en medio de la tensión social que vive el país tras las elecciones del domingo pasado.
El escrito judicial
“Los hechos públicos que exponen la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública por parte de funcionarios o adeptos al régimen que dirige Nicolás Maduro Moros desde el día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, obliga a los suscriptos a requerir la inmediata orden de detención internacional de los imputados en esta causa”, señalaron en el escrito que presentaron ante el juez federal de Comodoro Py Sebastián Ramos, que tiene bajo su cargo una causa por justicia universal por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Wolff y Farini Duggan pidieron que “se disponga sus extradiciones, y de esa forma asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280 CPPN); es decir, que los imputados rendirán cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo Venezolano”.
“Todos estos hechos, que han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado Venezolano o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolas Maduro, no solo se encuentran previstos y reprimidos en el artículo 142 ter del C.P. y receptado en la Ley 26.298, sino que son objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte”, sostiene la presentación.
La presentación de Wolff y Farini Duggan se suma a la causa en la que se investigan distintos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela como secuestros, torturas y homicidios de dirigentes opositores. El juez Ramos ya le tomó declaración a una docena de testigos y libró pedidos de informes no solo a Venezuela, sino también a la Corte Penal Internacional y distintos organismos de derechos humanos.
El expediente ya cuenta con tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014.
