El Gobierno inició una auditoría masiva sobre más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral con el objetivo de garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos legales continúen percibiendo el beneficio.
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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el PAMI estarán a cargo del procedimiento, que se implementará en todo el país.
Como primer paso, ya se enviaron 300.000 cartas documento a beneficiarios para notificarles la asignación de un turno con un médico de PAMI, donde deberán presentar la documentación correspondiente.
PAMI y Andis revisan pensiones: ¿cómo será el proceso de auditoría?
"El objetivo es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten", explicaron desde la Andis.
El Gobierno informó que la auditoría se desarrollará en distintas etapas y tendrá especial foco en las pensiones otorgadas durante la gestión de Alberto Fernández.
Luego de la revisión médica, los profesionales de PAMI llevarán adelante entrevistas y controles para evaluar cada caso.
Posteriormente, la Andis procesará la información y emitirá un dictamen determinando si el beneficiario seguirá percibiendo la pensión o si corresponde su suspensión.
Como se esperaba para los primeros días de este mes, los beneficiarios comenzarán a recibir las notificaciones. "La auditoría representa un compromiso firme del Gobierno con la eficiencia en la gestión de recursos públicos", aseguraron.
Además, "a través del Ministerio de Salud, Andis y PAMI trabajan juntos para asegurar que las pensiones por invalidez laboral sean otorgadas y mantenidas según los criterios establecidos por la normativa vigente", afirmaron las autoridades.
El Gobierno hara una auditoría sobre las pensiones por invalidez y estima que podrían dar de baja 500.000
El año pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional lanzará una auditoría sobre más de 1,2 millón de pensiones por invalidez, para determinar quiénes reciben dicho beneficio en forma irregular o injustificada.
De acuerdo a las primeras estimaciones del Ejecutivo, se sospecha que de un total de 1.223.864 de pensiones por invalidez, alrededor de medio millón habrían sido otorgadas de manera injustificada, lo que de ser cierto, significaría un ahorro de 100 millones de pesos por mes para el erario público.
El objetivo es identificar a aquellas personas que reciben el beneficio con certificaciones falsas. Una vez que fueron identificadas, quitarles el beneficio y además, comienza la apertura de una causa penal para cada uno de los casos que presenten irregularidades.
La normativa dice que la pensión por invalidez debe otorgarse a aquella persona que, en edad de trabajar, sufre y puede demostrar una incapacidad laboral del 76%. Y que demuestre que está en situación económica vulnerable.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene dudas acerca de al menos el 40% de los beneficiarios, es decir cerca de medio millón de personas no deberían estar cobrando la pensión. Para determinar la cifra exacta de beneficios a dar de baja, en los próximos días se lanzará un operativo nacional de auditoría, pero que pondrá el foco en los municipios del conurbano bonaerense y las provincias del Norte.
El operativo para detectarlas
Según aseguraron las autoridades, el operativo consistirá en citar por carta documento a cada uno de los beneficiarios a un hospital público o alguna oficina del Anses cercana. Allí los atenderá un médico que determinará el grado de discapacidad que sufre la persona y de esta manera saber si le corresponde el beneficio.
En paralelo se hará una revisión del perfil socio económico del beneficiario. Expresamente, se cruzará información de propiedad, ingresos y consumos, dado que para acceder a la pensión por invalidez, los ingresos y patrimonio del beneficiario o su grupo familiar no deben superar ciertos límites. Es decir, se aceptan a personas en situación de vulnerabilidad socio-económica.
Con toda esa información, el Andis resolverá si mantiene o da de baja el beneficio. Esta resolución puede insumir entre 30 y 45 días. Si la Andis considera que el beneficio debe darse de baja, el beneficiario tendrá una instancia de apelación. Un tema importante. Si la persona que es citada no se presenta en la fecha y lugar indicado, perderá automáticamente el beneficio.
Las palabras de Adorni sobre la pensiones
El vocero Manuel Adorni aseguró esta mañana que por este motivo "Se estima que solo en el último año se desviaron fondos equivalentes a u$s3.400 millones".
"A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, esta cifra bajó marginalmente hasta 1.026.000 y luego, el dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones se ubicó en 1.222.000 beneficiarios", aseguró Adorni.
"Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares o catástrofes naturales", agregó el funcionario.
